Otro maltrato a la policía, por Hugo Guerra

En plena campaña electoral, el presidente Ollanta Humala vuelve a manipular a su antojo y con oscurantismo tanto al Ejército como a la Policía Nacional (PNP).

Respecto del primero, queda claro que –vía manipulación de ascensos– ha copado a la institución poniendo en la cúpula a los cuadros de su promoción, Héroes de Pucará y Marcavalle 1984. Y en lo que toca a la PNP, nuevamente está en curso una ‘reforma’ politizante y peligrosa.

En ambos casos los manejos no han pasado por el Congreso (por tanto, no han tenido debate democrático), sino que se hacen bajo la delegación de facultades legislativas a un Ejecutivo que, pese a su debilidad intrínseca, sigue convirtiendo a la república peruana en una especie de chacra donde prima el interés del gamonal.

Así, hay un malestar amplio y creciente en todos los niveles policiales porque la aplicación del Decreto Legislativo 1230, de setiembre del 2015, implica concentrar el mando en cinco tenientes generales a cargo de las jefaturas de Estado Mayor, la Inspectoría General, la Dirección Nacional de Gestión Institucional, Dirección Nacional de Operaciones Policiales y la Dirección General.

Todos ellos son designados personalísimamente por el mandatario sin tomar en cuenta los criterios de antigüedad ni la meritocracia. Para adecuar esta facultad al gusto e interés humalista, inclusive se dispuso el ascenso por “acción distinguida” a la clase inmediata de generales a tres coroneles, dos de los cuales no cumplen con los requisitos dispuestos legalmente para ser merecedores de tal distinción extraordinaria.

En la base institucional la insatisfacción se explica porque la eliminación del sistema de servicio 24 × 24 ha sido mal ejecutada. Hasta hace pocos días, alrededor de 34 mil agentes se ‘recurseaba’ trabajando en días libres y vacaciones para completar su canasta familiar. 

Hoy laborar en lo que se llamaba ‘servicio personalizado’ implica la destitución. A cambio se le ofrecen bonos, lo cual es malo e inseguro porque, al no tratarse de aumentos salariales, podrían ser eliminados en cualquier momento. Además, los bonos no compensan el ingreso extra.

No se han considerado, entonces, los problemas de fondo: la falta de adecuados planes de carrera, salud, vivienda y calidad de vida para los policías que ahora sirven muchas veces en condiciones indecorosas: no se les abona a tiempo sus viáticos, se les obliga a comprar desde uniformes hasta munición, se les atiende en instalaciones médicas precarias, y se maltrata y abusa de los pensionistas. Tampoco se ha previsto qué hará el sector privado para reemplazar a los policías que antes daban seguridad en los días de franco, en un país donde el 90% de los ciudadanos se siente inseguro (Ipsos, junio del 2015). 

Así las cosas, la conclusión es que se está desarrollando otra reforma caprichosa y mal implementada de la policía por un gobierno que ha tenido siete ministros del Interior en menos de cinco años, ahora que aumentan los rumores sobre un paro policial. ¿O será que, como al general Juan Velasco, a Humala le interesa un ‘limazo’ equivalente al del 5 de febrero de 1975 para recuperar protagonismo e imponer medidas de excepción en los últimos meses de su mandato?