Mar para Bolivia, por Carlos Contreras Carranza

La propuesta del presidente Pedro Castillo para que el Perú facilite una salida al mar a Bolivia despertó un cúmulo de reacciones entre las que han primado la oposición y la crítica. Entre los argumentos para rechazar algún tipo de concesión del Perú en ese sentido, se esgrimieron las tesis de que nuestro país no tiene ninguna responsabilidad de que Bolivia haya perdido el litoral con el que nació a la vida independiente y que, en la Guerra del Pacífico, en la que los peruanos nos habríamos involucrado por defender al país altiplánico, fuimos abandonados y hasta traicionados por ellos.

¿Quién arrastró a quién al desdichado conflicto? ¿Bolivia al Perú o al revés? El detonante de la guerra fue el impuesto de los diez centavos por la exportación de cada quintal de salitre de su territorio que en 1878 decretó el gobierno del presidente boliviano Hilarión Daza. Este impuesto fue resistido por las empresas, principalmente chilenas, que explotaban las salitreras en Antofagasta, que argumentaron que el impuesto violaba el acuerdo de estabilidad tributaria que Bolivia y Chile habían acordado unos años atrás. El Gobierno Chileno respaldó la resistencia de las empresas al impuesto. La amenaza de su expropiación, por parte del gobierno de Daza, fue contestada por Chile con la invasión del litoral boliviano.

El Perú había firmado un tratado de alianza defensiva con Bolivia en 1873, que fue lo que probablemente envalentonó al gobierno de Daza para instaurar el tributo. Como herencia de la prosperidad del guano, el desbalance de fuerzas militares entre el Perú y Bolivia era en el momento del tratado tan grande (por ejemplo, el Perú tenía cuatro barcos blindados por ninguno de Bolivia) que, en la práctica, el acuerdo significaba que el Perú se comprometía a la defensa militar de nuestros vecinos del otro lado del Titicaca. La pregunta que cabe hacerse es: ¿a cambio de qué?

Para responder a esa pregunta habría que escarbar fino en la política salitrera del gobierno de Manuel Pardo, ya que es probable que el pago boliviano tuvo que ver con facilidades que se brindarían para que la Compañía Nacional de Salitres del Perú pasase a controlar las salitreras bolivianas, reemplazando a las empresas chilenas.

En la fase naval de la guerra nuestro aliado no pudo aportar fuerzas, pero cuando empezó la campaña terrestre las tropas bolivianas se trasladaron al suelo peruano para hacer frente al enemigo. Estuvieron presentes en las batallas de la campaña del sur, como en Pisagua, San Francisco y Alto de la Alianza, y muchos entregaron la vida peleando en una tierra extranjera. El historiador Carlos Dellepiani ofrece el dato, por ejemplo, de que en San Francisco el ejército aliado estuvo compuesto por 4.103 soldados peruanos y 3.404 bolivianos. En Alto de la Alianza, la última gran batalla del sur, el ejército aliado estuvo incluso comandado por el presidente boliviano Narciso Campero.

Desde el Gobierno Chileno hubo persistentes intentos para sacar a Bolivia de la guerra. El presidente Santa María le propuso a Daza retirarse o pasarse al lado chileno, ofreciéndole la entrega de Tacna y Arica una vez que hubiesen sido arrebatadas al Perú. Pero Daza tuvo la honestidad de entregarle personalmente esta carta al presidente peruano Mariano Ignacio Prado. Los intentos del Gobierno Chileno continuaron tras la caída de Daza del Gobierno Boliviano, siendo resistidos por este, que se mantuvo leal al Perú.

Es cierto que, del lado boliviano, ocurrió el hecho indecoroso de la retirada de Camarones, en el que un ejército de 3.000 hombres comandado por el propio presidente Daza dio media vuelta en su traslado por el desierto a Tarapacá y no se presentó en el campo de batalla. Daza lo justificó por una rebelión de los soldados, que se negaron a marchar. Lo cierto es que no tuvo el liderazgo para cumplir con su deber en medio de una campaña contra el enemigo. Después de la derrota en Alto de la Alianza, Bolivia consideró perdida la guerra y se retiró del conflicto, pero la acusación de que abandonó al Perú es discutible, y la de que lo traicionó, no se sostiene.

La historia suele ser más trágica que justa. En la guerra del salitre el país que quizás tuvo el menor protagonismo resultó siendo el más perjudicado. El Perú perdió su territorio salitrero, un pedazo de oro que era la fuente de nuestra pasada corrupción, como lo calificó el general Iglesias, pero Bolivia perdió la costa que podía vincularla al comercio mundial. Ello quedó consolidado en un tratado que Bolivia acordó con Chile, sin ninguna participación peruana, dos décadas después de la guerra. Por lo que es a ambos países a quienes corresponde dar con una solución que ponga fin a la mediterraneidad boliviana. La posición de la diplomacia peruana, que debería mantenerse, ha sido la de que, sin sacrificar los intereses nacionales, nuestro país no será un obstáculo para que Bolivia pueda recuperar una salida al mar.