Tienen que salir todos

Hay quienes vieron en las actuaciones políticas del expresidente Vizcarra contra el Congreso y en las más o menos simultáneas prisiones preventivas dictadas contra importantes líderes políticos a pedido de los fiscales del Caso Lava Jato, un momento alto de la lucha contra la corrupción en el Perú. Tuvo, efectivamente, todos los visos de una cruzada anticorrupción amplificada por la mayor parte de los medios de comunicación, movidos por una mezcla de reacción moral ante los escándalos de Los Cuellos Blancos, flagrantes filtraciones, buena fe y antifujimorismo visceral en alza. Al punto que insignes defensores de la democracia se apresuraron a justificar el cierre inconstitucional del Congreso y muchos salieron a movilizarse contra la vacancia de Vizcarra porque no podían creer que fueran ciertas las denuncias de sobornos que había recibido.

Pero, como dijimos desde esos días, lo que ese movimiento anticorrupción encubrió y legitimó fue una abusiva persecución contra importantes líderes políticos opositores acusándolos de haber recibido donaciones de campaña que, si bien no habían sido declaradas, no eran delito; persecución que jugaba en pared con una estrategia de confrontación del entonces presidente Vizcarra contra el Congreso para acumular popularidad, que no paró hasta disolverlo. Mientras Vizcarra, envuelto en la bandera anticorrupción, hacia populismo político, los fiscales del Caso Lava Jato hacían populismo judicial encarcelando a líderes de partidos, diezmando la clase política y debilitando esos liderazgos con consecuencias posteriores funestas.

Los testimonios del exsecretario del Ministerio Público y exasesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva, revelados por Milagros Leiva, ponen de manifiesto los entresijos de esa gran operación político-judicial. Muestran claramente la conexión y la utilización mutua entre fiscales y medios de comunicación, mediante filtraciones estratégicas para poner la opinión pública detrás del linchamiento judicial a los políticos “corruptos” y construir en el imaginario público la percepción de unos paladines de la justicia que conducían poco menos que una guerra santa. Los partidos fueron convertidos en organizaciones criminales y los donantes de campaña acosados judicialmente al punto de que hoy solo las economías ilegales financian campañas políticas. El daño a la democracia ha sido enorme.

Pero, además, esos testimonios, que serían ciertos so pena de retornar a la cárcel, ponen de manifiesto influencias externas poderosas en la elaboración de todo este entramado, que confirmarían la politización de la justicia. Según Jaime Villanueva, Gustavo Gorriti “era un poco el que dirigía la investigación” del Caso Cocteles (contra Keiko Fujimori y otros), se reunía a menudo con Pablo Sánchez y tenía una relación cercana con José Domingo Pérez.

No solo eso. Queda clara, en las declaraciones, la alianza entre los fiscales y Vizcarra. Según Villanueva, Pablo Sánchez habría archivado el caso de Chinchero para que Vizcarra pudiese asumir sin problemas la presidencia, y la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos le dijo a Rafael Vela, cuando este le alcanzó la colaboración eficaz sobre las coimas que habría recibido Vizcarra en Moquegua, “que trate de no hacer nada”.

Es claro que todos estos fiscales, incluyendo a Patricia Benavides, tienen que salir. Se necesita una limpieza total, regeneradora, un nuevo comienzo. Es la oportunidad para poner fin a injerencias externas y a una guerra intestina que han ocasionado daños irreparables a la institucionalidad política y judicial del país y que han agravado la polarización nacional. Necesitamos recomponer un Ministerio Público despolitizado y profesional.

Parte de este resultado debería ser un acuerdo para retirar las acusaciones por donaciones de campaña y poner fin a esos procesos absolutamente arbitrarios, cesando así la persecución judicial destructiva. Esto es indispensable para cortar el círculo vicioso de las retaliaciones y buscar un clima político menos enconado y más sano, pacificado y constructivo, concentrando los esfuerzos fiscales en los casos en los que hubo sobornos a autoridades o funcionarios públicos.