El presidente Martín Vizcarra, cuando era gobernador regional de Moquegua, habría recibido dinero ilícito a cambio de favorecer a un empresa en un proceso de licitación, según un aspirante a colaborador eficaz. (Foto: AFP)
El presidente Martín Vizcarra, cuando era gobernador regional de Moquegua, habría recibido dinero ilícito a cambio de favorecer a un empresa en un proceso de licitación, según un aspirante a colaborador eficaz. (Foto: AFP)
Fernando Rospigliosi

Parecen caber pocas dudas sobre la verosimilitud de las acusaciones de corrupción que pesan sobre el presidente , producto de la investigación que viene realizando el fiscal Germán Juárez –que no es parte del grupo de magistrados adictos al Gobierno–, reveladas por (El Comercio, 11/10/20) y César Romero (“La República”, 12/10/29).

No han tenido muchas dificultades los fiscales que juegan con el Gobierno para presionar a testigos que luego dan las versiones que ellos quieren escuchar. Cuentan con el respaldo del poder político y de la fiscal de la Nación. Pero que un aspirante a colaborador eficaz –o varios– se atreva a denunciar que entregó una coima al presidente de la República sin que eso sea cierto, es casi imposible. ¿Por qué lo haría? ¿Qué ganaría? ¿Por qué se arriesgaría a inventar una mentira de ese calibre?

Ya existían fundadas sospechas sobre esa obra, la irrigación de las Lomas de Ilo, que hasta ahora no sirve para nada y costó 144 millones de soles. También sobre el hospital de Moquegua, cuya empresa contratista –parte del corrupto ‘club de la construcción’– recibió un adelanto de 23 millones de soles del Gobierno Regional de Moquegua apenas firmado el contrato y luego otro de más de 40 millones el último día de la gestión de Vizcarra en 133 comprobantes de pago firmados por Edmer Trujillo, cuando todavía no habían puesto un ladrillo. Pero la coalición vizcarrista ha tratado de encubrir y disimular los hechos para proteger al presidente y seguir beneficiándose de su alianza.

La negación del presidente sobre los presuntos sobornos suena tan falsa como los desmentidos del caso de Richard Swing. Unops ya contradijo su falsa versión de la licitación.

Cuando Vizcarra traicionó a quienes lo habían llevado a la presidencia y emprendió una campaña destructiva contra sus nuevos adversarios, fue endiosado hasta extremos grotescos por una cohorte de adulones. Entre otras necedades, se dijo que los políticos provincianos venían a salvar al país y regenerar la política pervertida por las viejas élites. Con dos ex gobernadores regionales al frente el Perú iba a prosperar y la política iba a cambiar para mejor.

Ahora César Villanueva está con prisión domiciliaria y Vizcarra probablemente le haría compañía si no tuviera inmunidad.

Desde mediados del 2018, una coalición de políticos (algunos con muy serias denuncias de corrupción), fiscales, ONGs, medios de comunicación, estudios de abogados, intelectuales y líderes de opinión, construyeron artificialmente un supuesto líder de la lucha anticorrupción deformando y tergiversando los hechos, y torciendo la justicia para aplastar a sus adversarios y proteger a sus amigos. Ocultaron y pasaron por alto los cuestionamientos que ya tenía Vizcarra desde esa época, difamaron y defenestraron al entonces fiscal de la Nación Pedro Chávarry que no se prestaba a su juego y encumbraron a una magistrada con un enorme rabo de paja –y por tanto servil al poder– como Zoraida Ávalos. Propiciaron y avalaron la ilegal, en mi opinión, disolución del Congreso y una mamarrachenta reforma política que solo ha empeorado las cosas.

Ahora va quedando en evidencia que Vizcarra es lo contrario de lo que inventaron. En verdad, parece más bien el líder de la corrupción.

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