Escribo este artículo apresuradamente después de la votación del Congreso que declaró la vacancia de la Presidencia de la República, invocando la “incapacidad moral permanente” del presidente Vizcarra. Más temprano, antes del inicio del debate en el pleno, parecía dificil que se alcanzaran los 87 votos necesarios, considerando que no existe a la fecha información o denuncias que ameriten una decisión de este tipo, que además interpreta de manera exageradamente elástica y peligrosa la Constitución. Ciertamente, al señor Vizcarra se le debe investigar con rigor y eventualmente acusar al terminar su mandato el 29 de julio del próximo año, aunque, considerando los tiempos que suele manejar la fiscalía, nada asegura de que así sea.
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