Marzo visto a través de los Editoriales de El Comercio

Solo en los dos primeros meses del año, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables registró 43 intentos de feminicidio y otros 33 crímenes que podrían calificar como tales; así como 1.704 casos de violación sexual, de los que 1.112 tuvieron como víctima a un menor de edad. Ningún país debería tolerar cifras espantosas como estas y hace falta que cada uno de nosotros empecemos a reflexionar seriamente sobre la necesidad de cambiar esta realidad. No podemos continuar así.

“Las cifras de feminicidios y violaciones sexuales a menores en lo que va del año son espantosas y deben interpelarnos a todos, pues cada uno de nosotros tenemos una cuota de responsabilidad en esta situación y, por lo mismo, podemos hacer algo para salir de este foso en el que innegablemente nos encontramos”.

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El 28 de marzo el Ministerio Público decidió ampliar investigación a la presidenta Dina Boluarte, a su antecesor en el cargo, Pedro Castillo, y a Henry Shimabukuro en el caso del presunto financiamiento ilícito de la campaña de Perú Libre del 2021. Los indicios de que Shimabukuro, un personaje opaco y con sus propias cuitas judiciales, aportó dinero constantemente a la campaña de Boluarte son irrefutables y comprometen la imagen de la mandataria que, hasta el día de hoy, no ha dado explicaciones claras por este embrollo.

“Por el bien del sistema constitucional y la continuidad de su gobierno, lo que le toca a la presidenta Boluarte es dar respuestas inmediatas a todas estas interrogantes. Y, como decíamos al principio, no solamente al Ministerio Público, sino, sobre todo, a la ciudadanía”.

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En lo que ya es una ofensiva innegable del Congreso contra los medios de comunicación, en marzo la Comisión de Cultura del Parlamento aprobó un dictamen a favor del proyecto de ley que busca elevar (del 10 al 30%) las cuotas que la ley le impone a las radios y a los canales de televisión de señal abierta para difundir contenidos culturales en su programación. La promoción cultural, por supuesto, es la máscara para tapar un poco embozado intento por castigar a los medios que justamente vienen revelando las trapacerías de varios legisladores.

“Apelando a la necesidad de promover la cultura nacional y de apoyar a quienes trabajan en este rubro so pretexto del golpe que significó para ellos la pandemia del COVID-19, el Congreso viene cocinando otro proyecto más contra los medios”.

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Sergio Tarache Parra roció de gasolina y le prendió fuego a su expareja, Katherine Gómez, en las inmediaciones de la Plaza Dos de Mayo, en pleno corazón de Lima, ante la mirada impávida de los transeúntes, el pasado 18 de marzo. Luego, Tarache escapó a pie por varias cuadras, en un recorrido que las cámaras de seguridad siguieron, pero que las autoridades no. Casi una semana después recién se emitió una orden de captura en su contra y casi dos semanas después, su impedimento de salida del país. Pero su caso no es el único. El Programa de Recompensas del Ministerio del Interior alberga las caras de decenas de feminicidas que llevan tiempo sin ser detenidos por las autoridades.

“En este país existen agresores de mujeres a los que nadie se apresura en buscar ni, mucho menos, detener, y que continúan en libertad mientras sus víctimas están muertas, heridas o cargando con secuelas que las acompañarán por el resto de sus vidas”.

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La ristra de colaboradores del extinto régimen de Pedro Castillo que vienen confesándose ante las autoridades se extendió en marzo. Jorge Hernández Fernández, más conocido como ‘El Español’, fue capturado y decidió colaborar con el Ministerio Público en los últimos días de marzo. Su testimonio fue demoledor y causó la caída del hasta hace poco comandante general de la PNP, Raúl Alfaro, por sus innegables vínculos con el catalán. Sin embargo, la posibilidad de que se mantengan aún en la institución policial cuadros que fueron captados por el castillismo o que tuvieron nexos con él refuerza la necesidad de una desinfección total en la PNP.

“La salida de Alfaro no solo es positiva, sino que resultaba indispensable para separar los serios indicios que lo comprometen a él de la imagen institucional de la PNP. Sin embargo, la labor de desinfección y limpieza en la institución policial es una tarea urgente que recién está empezando”.

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Seis años después del azote de El Niño costero a nuestras cosas, la llegada del ciclón Yaku este mes nos recordó lo poco que hemos aprendido de los funestos sucesos del 2017. Las lluvias y los huaicos volvieron a golpear nuevamente ante los intentos desesperados de ciudadanos y algunas autoridades por tratar de mitigar su impacto con resultados poco efectivos. El ciclón, además, pone nuevamente sobre el tapete la necesidad de cambiar la manera en la que hemos venido ejecutando las obras de prevención y reconstrucción, especialmente aquellas que corresponden a las autoridades municipales y regionales cuyo trabajo en este aspecto ha sido imperceptible.

“Ha quedado nuevamente demostrado que el actual sistema de asignación de funciones hacia los gobiernos regionales y municipalidades no responde al interés de los ciudadanos. No funcionó hace tres años para proteger la salud de los habitantes con hospitales adecuados y operativos cuando se necesitaron con urgencia, y ahora tampoco para mitigar el impacto pluvial. Y si esa es la realidad de la inversión pública descentralizada desde hace dos décadas, ¿qué nos hace pensar que ahora sí será diferente sin cambios de fondo?”.

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Tres meses después de que saliera en televisión nacional a dar un golpe de Estado, los defensores de Pedro Castillo todavía intentan convencer a quienes quieran escucharlos de que lo que el hoy inquilino del Penal de Barbadillo ordenó en aquella oportunidad no fue un zarpazo contra el sistema democrático, sino apenas “un hecho atípico”. Esta es la descripción literal que el abogado Guido Croxatto hizo en una entrevista con el diario “El País” de España el pasado 17 de marzo, en una de sus giras por varios países en las que busca lavarle la cara al dictador más breve de nuestra historia.

“Los comentarios de Croxatto ofrecen un vistazo bastante nítido de las realidades paralelas sobre las que deben navegar los defensores del golpe de Estado. Estos cuentos, lamentablemente, han encontrado eco en buena parte de la población, pero otra historia es defenderlos en un contexto penal. Y ahí, más temprano que tarde, por la obviedad de los hechos imputados, la justicia se impondrá”.

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Tal parece que toda representación nacional viene con su proyecto contra los medios bajo el brazo. Este Congreso no ha sido la excepción empujando dos proyectos de ley claramente corrosivos para el accionar periodístico. El primero de ellos, que busca aumentar las penas por los delitos de difamación y calumnia, a pesar de la tendencia mundial que apunta a despenalizarlos, y el segundo, que intenta fijar requisitos de colegiatura obligatoria a periodistas para ejercer la profesión, un sinsentido por donde se lo vea.

“Los ataques a la prensa, sobre todo en los últimos meses, llegan desde todos los rincones del tablero político. Y la consigna no parece otra que ponerle trabas al libre ejercicio del periodismo, en claro beneficio de los que suelen ser objetivo de su trabajo”.

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El pasado 17 de marzo, Dina Boluarte cumplió 100 días como presidenta, entre una tregua por las protestas y las inundaciones provocadas por las lluvias generadas por el ciclón Yaku. A pesar de que 100 días es un período relativamente corto para evaluar a una administración, el escenario inusual en el que Boluarte tomó las riendas del país obliga a realizar este ejercicio.

“Logró remontar la situación y preservar el orden institucional, pero el saldo de 60 muertes es terrible; particularmente cuando en varias de ellas existen indicios de que fueron consecuencia de un uso desmedido de la fuerza por parte de la autoridad y ajeno a los protocolos que la regulan. La fiscalía está investigando cada una de ellas y la expectativa por los resultados de tales indagaciones y lo que el Poder Judicial podría sancionar a partir de ellas es grande, pues, en la eventualidad de que las responsabilidades señalen al Gobierno, hablamos de un peso abrumador para quien deba cargarlo en lo político y en lo penal”.

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El 8 de marzo se conmemoró nuevamente el Día Internacional de la Mujer. Una fecha que, sin embargo, ofrece muy poco para celebrar en un país con las cifras de feminicidios, violaciones, acoso y brechas de géneros que siguen lastrando la vida y la posibilidad de que las mujeres peruanas se desarrollen plenamente. Es cierto que en los últimos años ha habido una mayor conciencia sobre los problemas con los que las mujeres deben luchar día a día, pero también es verdad que el camino para igualar la cancha entre hombres y mujeres y evitar que el machismo interrumpa dramáticamente sus vidas todavía es largo.

“Nunca seremos un país viable mientras las mujeres sigan siendo agredidas en casa, acosadas en la calle y hostigadas en el trabajo. Mientras el machismo siga poniéndoles etiquetas que se convierten en techos para su desarrollo. Mientras cada 8 de marzo tengamos que volver a las cifras espantosas que nos dicen que ya viene siendo hora de empezar a tomarnos este asunto en serio”.

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