Más amenazas, más concesiones

Dina Boluarte es presidenta por sucesión constitucional. Lo es por virtud de la Constitución. Ella quiere subvertir, ahora, esa misma Carta Magna.

Ha dicho que es el pueblo el que, mediante un referéndum, debe decidir sobre una asamblea constituyente.

La Constitución y la ley hablan de reforma (total o parcial) de la Constitución (artículo 32). No hablan de “asamblea constituyente”.

Según la Constitución, toda reforma debe pasar por el Congreso (artículo 206). La noción de “asamblea constituyente” es extraña a nuestro ordenamiento constitucional.

Una teoría dice que el “poder constituyente” está por encima del poder “constituido”. Según esa teoría, no importa lo que el propio pueblo haya mandado sobre sí mismo. Importa más su voluntad del momento.

Un “pueblo” que no se somete ni siquiera su propia disciplina normativa derivará en turba, no en orden social. Por eso se requiere un orden formal incluso para la reforma constitucional.

La presidenta Boluarte parece buscar un camino para conseguir lo que no consiguió Pedro Castillo. El objetivo del expresidente –no lo olvidemos– fue convocar a un Congreso con facultades constituyentes; es decir, una asamblea constituyente.

El golpe de Estado de Castillo fue el 7 de diciembre. Una semana antes el Tribunal Constitucional había dejado claro que la reforma total de la que habla la Constitución debe pasar por el Congreso.

El TC declaró que, en caso de una reforma, el pueblo puede ser consultado después del debate y la deliberación en el Congreso de la República (fundamento 170, Sentencia 374/2022, del 30 de noviembre).

Pedro Castillo trató de ir, primero, por el lado del referéndum; luego, optó por el golpe de Estado. En su caso, es claro que pretendía crear una convulsión constitucional para esconder las imputaciones sobre actos de corrupción de su parte.

No hay que olvidar lo que sucedió el día del golpe. Salatiel Marrufo declaró en el Congreso que él había entregado a Pedro Castillo varias veces miles de soles para mantenerlos en el cargo a él y al entonces ministro Geiner Alvarado.

Marrufo era jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda. No hay por qué creerle de buenas a primeras. Sin embargo, hay que investigar lo que denuncia.

En lugar de refutar a Marrufo y las gravísimas acusaciones, Castillo optó por dar un golpe de Estado. Un golpe a través del que, además, convocaba a una asamblea constituyente.

Una vez establecida, la constituyente puede ir, si quiere, más allá del encargo. Después de todo, se le considera “poder originario”.

La señora Boluarte debe cumplir con el mandato de suceder a Castillo. El Congreso ha aceptado hacer una reforma constitucional para reducir los mandatos. Ir más allá de eso no solo violenta el orden constitucional, sino que entrega el país a los manifestantes más violentos.

Boluarte no gobierna a cabalidad. Las manifestaciones callejeras la han presionado al punto de pedir el adelanto de elecciones. La amenaza de nuevas asonadas la empuja a reabrir el debate sobre la asamblea constituyente.

El mensaje es sencillo: más amenazas, más concedo. La presidente debería restablecer el orden y la paz. Lo que hace, por el contrario, es alentar la asonada y la violencia.

Al final, es el mismo camino por el que apostaba el golpista Pedro Castillo.