Mayor informalidad y menor bienestar, por Maria Cecilia Villegas

En los últimos días, el Gobierno habría venido negociando con diversas fuerzas políticas para lograr la aprobación del pedido de facultades para legislar en materia tributaria. A cambio de ello, el Gobierno estaría votando a favor de proyectos que benefician a sus nuevos aliados; entre ellos, el ‘salvavidas’ para universidades que no obtuvieron licenciamiento. Grandes negocios a costa del pueblo peruano.

Para lograr la aprobación del pedido de facultades, el Gobierno, liderado por el ministro de Economía, Pedro Francke, utiliza argumentos como “la justicia social” y “la solidaridad” que deberían ejercer las grandes empresas en favor de los más pobres del país. Para el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el aumento de la pobreza producto de la pandemia del COVID-19 debe ser resuelto a través de un aumento en los impuestos.

De esta manera, Francke está buscando penalizar la generación de rentas de capital para aumentar la recaudación. Al hacerlo, desincentiva la inversión privada y, con ello, la generación de riqueza. Los impuestos aumentan los costos de hacer empresa en un país y, por ello, si son muy altos, pueden hacer que un sector de la economía se vuelva poco competitivo, forzando a las empresas a elevar los costos de sus productos y/o servicios o a reducir su calidad. Lo que se verá reflejado en el bolsillo de los consumidores, quienes deberán pagar más dinero para acceder a un bien o un servicio, y, en muchos casos, optarán por comprar un bien sustituto. Por ejemplo, la subida del precio del dólar debido a la incertidumbre política, sumado al aumento de los precios internacionales del petróleo y transporte, generó un impacto en el precio de los alimentos. En el Perú, tradicionalmente se consume pavo en Navidad. Pero para la mayoría de familias en pobreza, el pavo es inalcanzable y en sus casas se celebraba con pollo. El aumento del precio del pollo hará que esas familias celebren esta Navidad solo con panetón y chocolate. No hace falta ser un gurú de la economía para saber que cuando suben los precios quienes más se perjudican son los más pobres. Y eso es precisamente lo que ha logrado el Gobierno en estos largos 140 días.

Un sistema tributario poco competitivo puede también llevar a las empresas hacia la informalidad o el cierre. Cuando ello ocurre, no solo se perjudican los accionistas de la empresa que pierden el capital invertido, se perjudican los trabajadores que se quedan sin trabajo y también aquellos que trabajaban en las empresas que eran proveedores de la empresa que cierra, que en su mayoría son micro y pequeñas empresas. Esto último es lo que se conoce como empleos indirectos. Se perjudica, además, el Estado, que recaudará menos impuestos. La economía funciona como fichas de dominó, la caída de una ficha generará la caída de muchas otras.

Si bien es cierto que el Perú necesita una reforma tributaria, la propuesta del Ejecutivo, aún gaseosa, como su ministro de Economía, es un riesgo muy grande para el país. Una reforma tributaria requiere de técnicos capaces que entiendan cómo funciona la economía y que no busquen impulsar políticas basadas en ideologías que han demostrado una y otra vez que no funcionan ni en el Perú ni en ningún otro país. La reforma propuesta por el Gobierno se aleja de la evidencia y su mayor objetivo es lograr aumentar la recaudación para poder tener dinero y repartir bonos, financiar políticas populistas y, claro está, garantizar el éxito de Perú Libre y sus aliados en las próximas elecciones regionales y municipales.

El MEF insiste en que están convencidos de que su propuesta es técnicamente correcta y, sin embargo, son incapaces de responder a preguntas sencillas como cuál será la nueva tasa del IR. De otorgársele las facultades al Gobierno, la reforma de Francke logrará precisamente lo opuesto a lo que se necesita: debilitará aun más la economía, generando mayor informalidad y menor bienestar.