Impuestos doble cara, por Diego Macera

Cuando en nuestros hogares decimos que la plata no alcanza, la causa suele ser una combinación –en diferentes proporciones– de dos factores: que estamos gastando mucho y que estamos generando muy poco. Lo mismo sucede con el Gobierno. Desde hace un tiempo, la tendencia ha sido hacia un mayor gasto (solo durante el último año, por ejemplo, las remuneraciones que paga el Estado subieron en casi medio punto del PBI) que ha crecido a un ritmo más pronunciado que los ingresos. La consecuencia es que en el 2018 probablemente lleguemos al mayor déficit fiscal anual de los últimos 25 años.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), como es lógico, ha tomado nota del deterioro de las cuentas fiscales y ha reaccionado con medidas para controlar gastos innecesarios y para aumentar la recaudación. Son estas segundas –las de mayores ingresos– las que han ocupado buena parte de la agenda pública en las últimas semanas y sobre las que vale la pena hacer un comentario adicional que puede resultar paradójico. Y es que los cambios en las estructuras tributarias, si bien pueden tener como fin último aumentar los ingresos para el Estado, cuando son bien aprovechados funcionan también para corregir distorsiones en la economía (algunas de estas causadas por malas políticas públicas anteriores). En otras palabras, los tributos no son herramientas con una sola función.

Un caso interesante es el de la (ahora retirada) propuesta de reducción del tramo exonerado de Impuesto a la Renta (IR) para personas naturales. Como se sabe, el ministro David Tuesta planteó la necesidad de reducir las 7 UIT sobre las cuales los trabajadores no pagan IR. La iniciativa era sensata, y no solo en términos de recaudación. Hoy una familia en la que padre y madre trabajan, y que, con salarios similares, acumulan algo menos de S/5.000 mensuales para el hogar, no paga IR. Ciertamente no se trata de clase acomodada, pero tampoco con niveles de pobreza que impidan cualquier contribución directa al fisco en la medida de sus posibilidades. En este caso, el pago de IR tiene un efecto adicional de fortalecimiento de ciudadanía y de rendición de cuentas; un segundo pacto social. Es más difícil el interés y el reclamo ciudadano con autoridad si antes no se ha contribuido directamente al dinero que el sector público a veces malgasta.

El ejemplo más claro de corrección de distorsiones económicas a partir de herramientas tributarias es el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). Las modificaciones aprobadas por el MEF han tenido disposiciones acertadas (como gravar con mayores tasas los combustibles más contaminantes) y otras con resultados más inciertos (¿cuánto del mayor impuesto a cigarros y alcohol, por ejemplo, irá a fortalecer las redes de contrabando y de producción informal?). En cualquier caso, la naturaleza del ISC no es –ni debe ser– la recaudación fiscal, sino reducir la demanda por bienes que, cuando se consumen, generan perjuicios a terceros.

Finalmente, la discusión respecto de las exoneraciones e inafectaciones tributarias también trasciende los objetivos meramente recaudatorios. Casi 1,8% del PBI se deja de recaudar por estos conceptos, pero el verdadero costo está a veces en las distorsiones económicas y hasta criminales que generan. La exoneración del ISC e IGV a los combustibles en la selva, por ejemplo, “corre el riesgo de proveer de insumos baratos al narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades ilegales”, según la Sunat. Con el reintegro tributario del IGV en Loreto una cantidad muy reducida de comerciantes se beneficia, pero no se traduce necesariamente en menores costos para la población. El caso de San Martín –región que creció alrededor de 2,6 puntos porcentuales por año adicionales durante una década gracias al intercambio de sus exoneraciones tributarias por un fondo de inversión pública– demuestra que la discusión no es solo de recaudación, sino de eficiencia económica general.

Más allá de sus errores y aciertos, hace bien el MEF en enfocarse en el problema del déficit fiscal, y para eso mejorar la recaudación es urgente. Pero si de paso, además, se pueden ganar algunos puntos en compromiso ciudadano, salud, eficiencia económica y otros aspectos, mejor aún. Una política tributaria bien pensada cumple más de un fin.