En todos los ámbitos en los que nos movemos, los seres humanos buscamos alcanzar objetivos, ya sea para hacernos de un bien material o espiritual o incrementarlo, o para reducir o mantener una situación determinada. Así, en principio, procuramos nuestro bienestar y el de nuestros seres más queridos.

Distinto es cuando actuamos en una asociación civil o en una empresa. Allí lo que debe primar es su interés en el marco de la ley. También es diferente cuando se ejercen las funciones gubernamentales, por cuanto los gobiernos son llamados a gestionar el interés público; es decir, todo lo que pueda impactar en el bienestar general.

Una vez constituido un gobierno, y ante la presencia de muchos y variados retos acumulados –como en nuestro caso–, no cabe pensar que tuvo o que tenga por objetivo fracasar. Nadie desea su propio fracaso, porque las consecuencias son duras y penosas; ergo, ninguna administración gubernamental procura su debacle, ya que las facturas pasan del ámbito personal al político, o también al judicial, y allí las consecuencias son visibles, riesgosas y frecuentemente perentorias.

Si lo que hace un gobierno es bueno y coherente con lo dicho, genera confianza; y si dicha pauta es continua, aumenta su credibilidad, el círculo resulta virtuoso y beneficia a todos. En sentido contrario, cuando se pierde confianza, la merma es grave, el círculo es vicioso y perjudica a todos. Así funcionan las relaciones entre los gobernantes y los gobernados.

Subrayado lo precedente, cabe recordar que la actual administración nace de una sucesión constitucional después de un golpe de Estado prontamente sofocado por las principales instituciones tutelares del Estado. Resultando incontrastable su origen legítimo y habiendo la señora heredado un campo minado de un gobierno del que formó parte, la actual gestión lleva casi ocho meses en el poder.

Según las estadísticas oficiales, nuestra economía languidece, la delincuencia crece, no alcanza la atención de la salud, tampoco los ingresos de las mayorías y faltan millones de buenos empleos, por no citar las carencias y las necesidades de cada sector. Según todas las encuestas, la salud del Congreso, del Ejecutivo y de los gobiernos regionales, principalmente, languidece presentando índices raquíticos. Igualmente, debemos tomar nota de que –preocupa y duele– la protesta tiende a normalizarse.

La exigencia de acortar el mandato presidencial contraviene la Constitución y, a pesar de lo anterior, lo que toca, de una vez por todas, es respetarla mientras no se cambie parcial o totalmente mediante los mecanismos previstos.

En este contexto –preservando nuestra democracia y rechazando a las absolutas minorías que la socavan por dentro y por fuera–, pasado mañana la señora Boluarte, quien jefatura el Estado, tendrá la primera oportunidad de dirigirse a la nación en Fiestas Patrias y ofrecer una visión de país que contemple prioridades de corto, mediano y largo plazo.

Frente a la excepcionalidad de todo y ante telegráfica descripción de nuestra realidad, resulta obvio preguntarse: ¿qué le correspondería hacer al Gobierno con prontitud?

En los últimos días, especialistas consultados por los medios y peatones entrevistados se refieren a obras o decisiones que consideran indispensables, a funcionarios que deben permanecer o ser sustituidos, a las falencias de nuestro régimen parlamentario y, ni qué decir –para esto encontraríamos unanimidad–, a la ineficacia absoluta de los gobiernos regionales.

La señora Boluarte tiene la oportunidad de mejorar nuestra calidad de vida generando inequívocamente el clima político y social necesario que solo puede emerger de los objetivos que plantee, de las medidas que anuncie y ejecute, y de la evaluación de sus impactos; entiéndase, cuando el dato corresponda al relato.

Concretamente, el Gobierno debe ejecutar un shock de confianza.

Habiendo quienes se dan de cabezazos contra la pared lamentando que faltan tres años para contar con un nuevo gobierno, otros, abrigando esperanzas, pensamos que el Gobierno tiene una infaltable cita con la historia.

*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.

Javier González-Olaechea Franco es doctor en Ciencia Política, graduado en la ENA e internacionalista