Algunas propuestas importantes, pero falta

Después de la parálisis y destrucción de los servicios y la obra pública durante el gobierno de Pedro Castillo, era natural que la presidenta Boluarte cediera a un interminable desembalse de obras y acciones de todo tipo. Sin embargo, lo importante era plantear los grandes problemas y las líneas de solución, y dejar lo demás para un anexo. Esa es la función del líder.

Lo hizo, sí, para el tema de la seguridad ciudadana, que resumió bien y anunció pedido de facultades legislativas para enfrentar la delincuencia y la criminalidad. Por fin se legislará devolviéndole a la Policía Nacional atribuciones de investigación que, en este momento, no puede ejecutar sin presencia del fiscal. Haría falta un programa de integración de policías, fiscales y jueces en locales distritales con una carceleta para la aplicación de penas cortas, a fin de acabar con la impunidad. Cabe destacar que no se demandó al sistema judicial la creación de una jurisdicción nacional para procesar a los violentos en las movilizaciones. Hasta ahora no hay dirigentes detenidos por los ataques e incendios de hace pocos meses.

Pero tampoco hubo reflexión acerca de que la economía nacional ya casi no crece y menos aún reduce la pobreza, algo que compromete la propia viabilidad nacional. Gran cantidad de bonos y créditos a los pequeños, pero eso no resolverá la grave caída en la inversión privada. También promesas de mejoras en el sistema de inversión público-privada y obras por impuestos. Ojalá funcione.

El anuncio del relanzamiento del Acuerdo Nacional pudo estar acompañado por la exhortación a responder a una pregunta: ¿cómo hacemos para volver a crecer a tasas altas? De la misma manera, si el Gobierno logró reactivar el Consejo Nacional de Trabajo, debió ser para pedirle que debatiera cómo reducir la informalidad y no solo el aumento del salario mínimo que, más bien, la incrementa. Por supuesto, nada acerca de pasar a una legislación laboral flexible e inclusiva.

Sí anunció un proyecto de ley para ayudar a la formalización económica, lo que incluiría el reemplazo de los actuales regímenes tributarios (y, ojalá, laborales) por una sola escala gradual y progresiva, facilitando, de paso, el crecimiento de las empresas. También otro para un sistema de pensiones que incorpore a todos que, sin embargo, no usa al IGV como mecanismo.

Para recuperar el crecimiento es fundamental la inversión minera, pero no hubo el anuncio de unificar las distintas agencias a cargo de la revisión o aprobación de las licencias ambientales en una sola entidad. Sí prometió que antes de fin de año estarán resueltos los permisos administrativos.

Ha sido importante también que anunciara pedido de facultades legislativas para recuperar la meritocracia en las entidades públicas, algo absolutamente fundamental. Se trataría de hacer obligatorio el paso al régimen del servicio civil en todas las entidades del Ejecutivo, para resolver el problema creado por una ley del Congreso anterior que nombró indefinidamente a todos los ex-CAS sin evaluación ni carrera meritocrática.

En el sector salud anunció el destrabe de 20 hospitales paralizados y la construcción de muchos nuevos, pero nada acerca de la rehabilitación del primer nivel de atención. Prometió reducir los tiempos de espera, pero la solución ofrecida fue la oficialización del nombramiento de 45 mil plazas, cuando el problema es que lo médicos se van a sus consultorios privados o trabajan muy pocas horas. La reforma de la salud está pendiente y no aparece entre los objetivos del Gobierno.

Prometió convertir la lucha contra anemia en un tema central, junto con los gobiernos locales. Pero no hubo propuestas de reforma de la descentralización, de la gobernanza minera y del canon. Positivas, sin embargo, han sido las propuestas de reforma política planteadas. El Congreso tiene que aprobarlas, tiene que otorgar las facultades solicitadas y abordar las reformas pendientes.