Mercados, juicios y elecciones, por César Azabache Caracciolo

Los procedimientos judiciales encuentran fundamento en prácticas ciertamente anteriores al desarrollo de las economías de mercado. Puede llamar la atención que conserven cierto hálito ceremonial que los asocia con la majestad de los cultos religiosos y que se basen en variables como el prestigio de los magistrados y cierta cuota de tradicionalismo. Pero son indiscutiblemente herramienta imprescindible de solución de controversias.

La permanencia de esta anciana institución entre nosotros tiene una explicación. Y es que los procedimientos ante tribunales, las elecciones libres y el mercado se han convertido, juntos, en los tres pilares de los sistemas institucionalizados. Las sociedades contemporáneas no han encontrado formas más justas de equilibrar los procesos sociales que estas tres instituciones. Y si hemos de encontrarles semejanzas, hemos de decir que las tres son, finalmente, procedimientos competitivos basados en la ley y en la libertad de acción de sujetos que ofertan a la comunidad lo que tienen (bienes y servicios, casos legales o capital político), a cambio de alcanzar objetivos previamente establecidos.

En las sociedades abiertas, el equilibrio institucional se forma por el uso necesario de los procedimientos regulados por estas tres instituciones en la acción social. En las sociedades intervenidas, los precios, los tribunales y los poderes públicos se organizan más o menos a capricho de quienes tienen posiciones de influencia, y, en consecuencia, los sujetos dejan de competir. En las sociedades intervenidas resulta más útil acumular prebendas que mejorar las condiciones en que se compite con los demás.

Este excurso pretende justificar el clima de entusiasmo que ha rodeado la elección de los nuevos jueces del Tribunal Constitucional (TC). El desequilibrio producido alrededor de las elecciones del fiscal de la Nación en los recientes meses encuentra un punto de cierre con esta elección. La buena noticia además adquiere ribetes especiales si reparamos en que la elección proviene de un Congreso vapuleado por el pésimo rendimiento institucional que ha mostrado en este período.

Por cierto, la agenda que el Constitucional asume es todavía crítica y eso hace que la resultante del proceso quede aún en incertidumbre. La disputa con el Consejo de la Magistratura por el nombramiento de fiscales supremos no ha concluido. Y los antecedentes de la investidura del señor Carlos Ramos Heredia como fiscal de la Nación han dejado en la comunidad una secuela de desconfianza que aún deben removerse. Tampoco puede perderse de vista la disputa pendiente sobre la homologación de las remuneraciones de los magistrados, en la que el Constitucional tendrá sin duda mucho que decir. Y probablemente, por diversas razones, los casos contra los ex presidentes Fujimori, Toledo y García (por diferentes razones) pueden aún tener secuelas que involucren al Constitucional.

En cualquier caso, el éxito del período que se inicia con las designaciones al Constitucional dependerá de los reflejos que muestren los demás poderes públicos para convertir la ocasión en el inicio de un proceso de implantación de la ley como norma de coexistencia. El inicio de auspicioso. Sin embargo, aún falta mucho por recorrer para que el proceso llegue a instalarse en el centro de la vida cotidiana de las personas, cuya tranquilidad es, a final de cuentas, el objetivo fundamental del orden jurídico.