"Miedo irracional en la administración pública" por Fuad Khoury

El miedo es una sensación que nos alerta frente a situaciones de peligro. Según Bauman, miedo es el nombre que otorgamos a la incertidumbre, a la ignorancia respecto de la amenaza y a lo que debemos hacer para enfrentarla.

Para Freud, el miedo o angustia (‘Angst’) puede ser de dos tipos: real y neurótico. El primero se materializa frente a situaciones de verdadero riesgo. Allí surgen dos alternativas: huir o enfrentar la situación. En el miedo neurótico no existe un peligro auténtico que amenace a la persona, este es producto de su imaginación; es decir, es irracional. Cuando una persona experimenta este tipo de miedo, siente inseguridad, esta lo hace detenerse y paraliza sus decisiones. Por ello, muchas personas son reacias al cambio, aun cuando ello implique renunciar a un futuro mejor. El miedo se convierte entonces en una excusa para no progresar.

En las últimas semanas han aparecido opiniones que, buscando descifrar las causas del letargo en la administración pública, señalan que el miedo a la Contraloría General produciría una suerte de inacción en algunos funcionarios públicos.

En atención a su mandato constitucional, la Contraloría General verifica que todos los funcionarios públicos actúen conforme a ley. Evidentemente, para resguardar adecuadamente los recursos públicos, va más allá de un simple control de legalidad y promueve el desarrollo de una gestión pública eficaz y moderna, orientada a generar resultados en beneficio de todos los peruanos. En este contexto, se vienen desarrollando instrumentos de control que aseguren la adecuada toma de decisiones por parte de los funcionarios públicos, como el control preventivo y la auditoría de desempeño.

Asimismo, la Contraloría General ha establecido claramente en su ley orgánica y en normas reglamentarias, que su actuación en ningún caso puede interferir en los procesos de dirección y gerencia a cargo de las entidades. En consecuencia, carecen de sustento aquellas voces que pretenden insinuar que obstaculiza el desarrollo de los principales proyectos del país. No existe funcionario público que pueda demostrar que la Contraloría General ha paralizado la ejecución de una obra o proyecto en el país.

Además, ha establecido en sus normas de control y en la Ley 29622 que cuando la legislación autorice a los funcionarios algún grado de discrecionalidad para la toma de decisiones, el auditor no puede cuestionar su ejercicio por el solo hecho de tener una opinión distinta. Así se garantiza la toma de decisiones oportunas, conforme al ‘expertise’ profesional de los funcionarios públicos, siempre en el marco legal y con el sustento debido.

Como se aprecia, un funcionario público competente y sobre todo probo, cuenta con las herramientas y garantías más que suficientes para tomar decisiones que saquen adelante los grandes proyectos del país. Seguir escudándose en el miedo a lo que pueda determinar la Contraloría General es, recordando a Freud, irracional, o puede responder a intereses que poco tienen que ver con el bien común.

Quizá el miedo que algunos funcionarios públicos manifiestan a la Contraloría General no es solo producto de su imaginación, sino que se origina en el propio reconocimiento de su falta de capacidades al momento de adoptar una decisión o en la necesidad de liberar espacios de la vigilancia del control. Y es que cuando somos presos de nuestra incapacidad o de intereses subalternos, resulta muy fácil y conveniente ver fantasmas y culpar a otros por nuestros errores. Como señaló Sófocles, “para quien tiene miedo, todos son ruidos”.