El distrito de Villa Kintiarina se erige frente al río Apurímac, en la provincia de La Convención, al noroeste de Cusco, casi llegando a Ayacucho. Parte del Vraem, el distrito es un excelente productor de cacao y café, y hace no mucho organizó el I Encuentro de Comunidades Nativas Asháninkas y Matsigüengas.
Pero Villa Kintiarina no siempre fue independiente. Con algo más de 4.000 habitantes, es uno de los 18 distritos nuevos que votaron en las elecciones del domingo pasado, al escindirse del distrito de Kimbiri. Su ley de creación fue aprobada por el Congreso hace casi exactamente tres años. Con ello, Villa Kintiarina se sumó a los más de 1.874 distritos en los que se divide hoy el Perú.
Este número no es menor. El distrito promedio en el país tiene menos de 20.000 habitantes. Con una nación subdividida en grupos de poder tan atomizados, se hace sumamente complicado desarrollar las competencias y capacidades de coordinación necesarias para una buena gestión pública.
El contexto ya es difícil, pero las autoridades de los últimos tiempos han bregado para hacerlo peor. El caos político que se vive en el país ha quedado evidenciado en los últimos comicios. Han sido 22 partidos nacionales y 109 movimientos regionales los que participaron en las elecciones. Contando candidatos a alcalde, presidente regional, consejero y regidor, el número de postulantes ascendió a 113.685, lo que implica aproximadamente 50 candidatos por cada 10.000 votantes. A manera de referencia, el Perú tiene 13 médicos por cada 10.000 habitantes, un ratio cuatro veces menor. Esto es a todas luces inviable.
¿Cuántos espacios de coordinación pueden existir entre las más de 14.000 listas de candidatos que se han presentado? Con el debilitamiento crónico y la dispersión de los partidos nacionales, la respuesta es muy pocos. Si en las elecciones locales del 2002 algo más de la mitad de los alcaldes elegidos pertenecían a partidos políticos, en la del 2014 tres de cada cuatro alcaldes pertenecían a movimientos locales o regionales. En estas elecciones el panorama sería similar. Esta dispersión hace muy difícil que la coordinación vertical (gobierno central-región -provincia-distrito) y horizontal (distrito-distrito, por ejemplo) sea efectiva, pues cada agrupación va con agenda propia.
Entre tanto aventurero, en ocasiones esta agenda puede ser legítima, y en ocasiones no. El número de alcaldes y gobernadores regionales detenidos o procesados en los últimos años sobrepasa las peores expectativas de quienes fueron los más críticos del proceso de descentralización iniciado hace 17 años. Es la búsqueda de poder político –pequeño o grande– como botín. Por supuesto que la propensión a quedarse con lo ajeno no es consecuencia exclusiva de la atomización política –partidos nacionales y sus alcaldes han visto mucho de eso–, pero la dispersión hace solo más difícil un control interno que ya es exiguo. Por su parte, en cientos de municipalidades distritales las capacidades de la contraloría para ejercer sus funciones son cercanas a cero.
¿Qué respuesta ha habido desde el Congreso, instancia encargada del ordenamiento territorial del país? Si bien la limitación en la participación de movimientos locales para esta elección fue un avance, lo cierto es que se ha ordenado muy poco y en varios casos se ha retrocedido. La prohibición de la reelección regional y municipal hace aún más difícil que se consoliden burocracias locales mínimas adecuadas. En los cambios legislativos recientes se desperdiciaron instancias para sancionar efectivamente a los partidos o forzarlos a fortalecerse internamente. Mientras tanto, a junio del año pasado, se habían presentado ya 53 iniciativas de “declaratorias de interés” para crear nuevos distritos o provincias. En vez de generar incentivos para ordenar las organizaciones políticas y reducir las circunscripciones electorales, se trabaja en lo opuesto.
Mientras tanto, el domingo pasado, con el 43% de la votación, el candidato por el movimiento Autogobierno Ayllu, Orestes Llacctarimay, fue elegido nuevo alcalde de Villa Kintiarina.