Milicias: las detenemos hoy o mañana será tarde

En su primer discurso ante el Congreso de la República, el 28 de julio del 2021, Pedro Castillo anunció la creación de rondas urbanas que serían incluidas en el sistema de seguridad ciudadana. Anuncio al que no se le prestó mayor atención, ni siquiera cuando aparecieron en Gamarra unos personajes con chalecos rojos donde se leía “Rondas Campesinas, Nativas y Urbanas del Perú. Reserva Moral del Perú”. Y si bien estos personajes no duraron mucho en las calles de Gamarra, porque fueron expulsados por los mismos empresarios, el partido de gobierno no iba a ceder en su intención de crear una milicia ilegal.

Y así fue. El jueves pasado, con la firma de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, se publicó la ley que reconoce a los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural (CAD) y los incorpora al Sistema de Seguridad Ciudadana. Una ley que le da legalidad a la formación de milicias ciudadanas para ejercer un rol que solo le compete a la policía nacional: el del orden interno.

¿Por qué el Estado Peruano necesita milicias ciudadanas? Históricamente, las dictaduras, sean estas de derecha o de izquierda, han creado milicias o grupos alternos a la policía como arma contra los ciudadanos para instaurar el control y la limitación de las libertades. Las milicias operan como mecanismos de control y represión: son los ojos y los oídos del régimen. Y atentan directamente contra la concepción del Estado moderno. Y es que un estado de derecho implica lo que Max Weber llamó el monopolio de la legítima violencia. Esto es que solo el Estado puede utilizar legítimamente la violencia entendida como el uso de la fuerza –orden, persecución y sanción– para imponer el estado de derecho: la defensa de la ley, las libertades y la seguridad de los ciudadanos.

La creación de los CAD debilita la seguridad de los ciudadanos y la predictibilidad de la ley. No existe razón legal ni institucional que justifique su creación y menos aún que se les faculte a recibir armas de fuego y municiones de propiedad de las Fuerzas Armadas y la policía nacional, y financiamiento estatal. Y es que la ley faculta a los CAD a recibir subvención económica de los gobiernos locales, regionales e incluso de las organizaciones del gobierno central. Y aquí cabe la pregunta, si sabemos que muchas autoridades locales y partidos políticos regionales son financiados por organizaciones criminales vinculadas al narcoterrorismo, la minería ilegal, el tráfico de personas y la tala ilegal, solo por mencionar algunos, ¿cómo vamos a permitir que las milicias reporten y se financien a través de los alcaldes y gobernadores regionales? Recordemos, por ejemplo, los nexos que tendría Vladimir Cerrón con el Militarizado Partido Comunista del Perú y los Quispe Palomino o el riesgo que representan Antauro Humala y sus reservistas.

Si sabemos que quienes llegan al poder lo hacen para enriquecerse indebidamente y poco importa la ley, el orden y el bien común, ¿cómo así el Congreso de la República considera que se debe autorizar la creación de milicias que dependan de estas autoridades?

Nuestro país enfrenta una debilidad institucional gravísima que impide que exista una democracia funcional. Con la alta incidencia de conflictos sociales, vinculados en su mayoría a industrias extractivas, con el uso de la violencia como mecanismo de negociación para doblegar al Estado y con la renuncia de este a imponer la ley, no podemos sostener que vivimos en un estado de derecho. Y, en este contexto, crear una milicia solo puede poner en peligro la seguridad y el ejercicio de las libertades de los peruanos. ¿Cuál será el rol que cumplirán, por ejemplo, frente a los conflictos sociales violentos que hoy atentan contra la libertad económica y los derechos de los trabajadores de las empresas mineras?

Mientras nos desentendemos de la política, los políticos están destruyendo lo avanzado en los últimos 30 años. La creación de milicias ciudadanas es un riesgo para la libertad de los peruanos. No lo dejemos pasar, porque luego será muy tarde.