Sin lugar donde protegerse

Dos ministros han hecho interpretaciones sobre el origen cultural de los múltiples casos de violencia sexual contra niñas awajún, olvidando que Lima es la región donde más casos se registran según el Minedu. Pero la poca capacidad de nuestras autoridades a escala nacional para enfrentar el problema no es nueva. Limitar el problema de la violencia sexual a una cuestión de profesores y niñas indígenas es negar una falla estructural del sistema educativo, así como asumir que es un problema de esos ‘otros’ que están lejos.

De diez violaciones sexuales a niñas y adolescentes que asisten a la escuela, ocho se producen en colegios públicos. Unos 1.866 casos de violencia sexual fueron denunciados a través del Sistema Especializado en Reporte de Casos sobre Violencia Escolar (SíSeVe) del Minedu en el 2023, posiblemente por las propias víctimas en un llamado de auxilio. Estas cifras son solo de las que se atreven a ser denunciadas. Calculemos los casos silenciados.

Los agresores que se esconden detrás del rol de profesor saben que sus víctimas no tienen poder para defenderse y, por eso, eligen niñas. Saben también que el sistema no los castigará. La cifra de procesos disciplinarios por violencia sexual es drásticamente menor al número total de casos. En el 2022, se reportaron 1.498 casos, pero solo se registraron 84 medidas disciplinarias resueltas por los órganos de control de las UGEL. La Defensoría del Pueblo señaló que la tercera parte de las apelaciones de estos maestros denunciados ante el Tribunal de Servir fueron absueltas por la prescripción del proceso. Es decir, tras el vencimiento de los plazos de sanción, se dejaron sin efecto las medidas para docentes con acusaciones por violencia de todo tipo.

La escuela es el lugar donde los niños, niñas y adolescentes deberían encontrar un lugar seguro que los aleje de la violencia de sus hogares (en muchos casos) o de las calles. Pero para estas niñas es un lugar de tortura. Ellas son más vulnerables en entornos rurales, donde el profesor destacado vive en la comunidad y donde muchas veces haber conseguido la plaza del profesor se valora más que la posibilidad de denunciarlo.

La violencia sexual en todas sus formas nos aleja también del cierre de la brecha de acceso al colegio en las zonas rurales. De acuerdo con la Unidad de Estadística Educativa del Minedu, en Loreto, en el 2020, se registró una tasa de matrícula del 69,9% entre las mujeres frente al 75,9% de sus pares varones, y en Ucayali, un 68,8% de chicas matriculadas frente al 82,1% de varones.

La valentía de una profesora awajún nos ha permitido, después de una década de denuncias, que podamos hablar del tema a escala nacional, pero hay que hacer más que indignarnos frente a lo que está pasando o quedarnos en los pedidos de disculpas. No basta una comisión que visite y prometa que se harán los mejores esfuerzos. Sabemos que en meses el tema otra vez caerá en el olvido de la burocracia.

La violencia sexual no es cultural y está en las calles y en los hogares. En el 2023 hubo 21.929 denuncias por abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes. Con estas cifras en la mano, ¿qué lugar les ofrecemos como sociedad a nuestras niñas para protegerlas? Nos toca garantizar que por lo menos las escuelas sean ese lugar seguro. Es la mínima de nuestras obligaciones frente a ellas.