No dejemos pasar la oportunidad

La publicación de las cifras que demuestran el aumento de la pobreza en nuestro país ha sido un duro golpe, pero es también un llamado a la acción y una oportunidad para encauzar el país hacia el desarrollo. Los políticos no tienen los incentivos adecuados para hacerlo y, por ello, es claro que son los líderes empresariales los llamados a guiar el camino. Porque, como decía De Gaulle, la política es un asunto demasiado serio como para dejarla en manos de los políticos.

Para lograr reducir la pobreza se requiere un clima de inversión favorable, ya que la inversión privada genera crecimiento económico, contribuye con la recaudación fiscal y crea puestos de trabajo que son lo que les permite a las familias obtener mayores ingresos, escapar de la pobreza y tener una mejor calidad de vida.

En los últimos diez años, el sector minero ha representado el 12% del PBI anual y contribuyó con el 10% del total de tributos recaudados. Solo en el 2023, la minería aportó S/12.650 millones en impuestos y S/7.665 millones por canon, regalías y derechos de vigencia y penalidad. La minería es clave para el desarrollo del país porque, además de contribuir de manera importante con los ingresos fiscales, genera crecimiento económico, dinamiza el empleo y reduce la pobreza. El sector genera aproximadamente 226.000 puestos de trabajo directo y, por cada empleo directo, genera ocho adicionales en el resto de la economía.

Sin embargo, estamos desaprovechando la oportunidad que tenemos. En pleno superciclo de precios internacionales de los metales, el Perú, que era hasta el año pasado el segundo productor de cobre del mundo después de Chile, fue desplazado por la República Democrática del Congo. Sumado a ello, hemos caído 25 puestos en el ránking de competitividad minera del Instituto Fraser, acumulando cinco años de caída. El 69% de los países mineros del mundo son más atractivos que el Perú. El índice incluye factores como el costo de las regulaciones, el régimen tributario, la calidad de la infraestructura y la regulación laboral, entre otros. ¿Qué significa esto? Que estamos perdiendo competitividad en el plano internacional; es decir, que los inversionistas preferirían invertir en otros países antes que en el Perú.

El Perú tiene 46 proyectos mineros en cartera. El Instituto Peruano de Economía (IPE) ha estimado que, si se pusieran en marcha los 15 proyectos mineros programados al 2025 con inversiones por US$16 mil millones, aportarían a la economía el equivalente al 71% del PBI del 2023. Y si se dieran los 27 restantes, que representan una inversión de US$37 mil millones al 2030, la contribución más que duplicaría el tamaño del PBI del 2023 (226%). ¡La oportunidad es enorme! Sin embargo, de estos, 23 proyectos enfrentan retrasos por razones ajenas a la empresa.

El crecimiento de la economía peruana al 2024 proyectado es del 2,4%. Con ello, no lograremos reducir la pobreza, porque, para hacerlo, el crecimiento económico debe ser de al menos 4% anual (IPE). Y, mientras el Estado nos impide aprovechar el superciclo minero, el Perú exporta el 44% del oro ilegal de Sudamérica, equivalente a US$4.483 millones, y ha puesto en jaque a la gran minería formal.