La fiebre del oro

La debilidad del Estado y la falta de voluntad política del Gobierno han hecho que el crimen organizado avance controlando territorios y atentando contra la seguridad de los ciudadanos y de las grandes inversiones en nuestro país. La influencia de la minería y de las economías ilegales en el Congreso, en los gobiernos locales y regionales, y también en los ministerios facilita su operación e impunidad. Cada año, las operaciones son más grandes, más poderosas y, por ello, cada año será más difícil controlar el crimen organizado.

En Pataz, distintas organizaciones de mineros ilegales, todas perfectamente identificadas, vienen atentando contra la mina Poderosa. Las operaciones ilegales no son artesanales; cuentan con personal y maquinaria de línea amarilla como una operación de mediana y gran minería. Interceptan las galerías de la operación de Poderosa atentando contra el personal y bloqueando su ingreso al taponearlas. De esta manera, toman el control y extraen el oro de las labores activas de Poderosa. Desde julio del 2021 han asesinado a 17 trabajadores de Poderosa y herido de gravedad a 52. La empresa ha calculado que son más de 417 kilómetros de túneles construidos por los ilegales que implican una inversión de más de US$41 millones. Claramente estamos frente a mineros ilegales bastante poderosos que, pese al estado de emergencia declarado en Pataz, siguen operando como si de una operación formal se tratara. En Pataz hay más de 300 policías y militares y, sin embargo, las operaciones ilegales siguen a vista y paciencia de todos.

El oro es procesado en plantas informales que se encuentran, nuevamente, a vista y paciencia de todos, cuyos relaves que contienen cianuro son arrojados al río. Pero ninguna autoridad se encarga de supervisar estas operaciones ilegales. Unos 270 camiones al día pasan hacia Trujillo delante del puesto policial, cargados de toneladas de oro ilegal. ¿El “peaje”? S/300 por camión. Las autoridades locales y regionales también responden a estos intereses. ¿Y el gobernador regional de La Libertad? César Acuña conoce bien lo que sucede. Pero los incentivos son perversos porque parecería que los votos de los mineros ilegales, cree él, cuentan. En el Congreso, todos aliados a un presidente que representa los intereses de los mineros ilegales. Y una fiscalía y un Poder Judicial que liberan a los responsables: 628 detenidos en flagrancia, todos libres.

¿Dónde queda la responsabilidad de las empresas que se prestan al juego de los ilegales? ¿Las plantas formales que, para saciar su sed de oro, se hacen de la vista gorda y reciben oro ilegal amparándose en Reinfos que saben que no coinciden, y que además habilitan/financian las operaciones ilegales? ¿Las empresas de línea amarilla y de autos que les venden a los ilegales? ¿Los ‘traders’ que compran el oro sin importarles la trazabilidad de origen? En Zarumilla, una de las zonas rojas de la provincia de Pataz, a la mitad de un cerro, entre edificios de siete pisos vacíos y ‘night clubs’ donde campea la trata de niñas y mujeres para la prostitución, hay un grifo Primax que sirve a los mineros ilegales. ¿En qué momento dejaremos de hacernos de la vista gorda y comenzaremos a darnos cuenta de que o actuamos hoy o perderemos el país?