Sueños de formalización

Este año y el próximo podríamos ver el inicio de un movimiento hacia la formalización si se cumplieran varios procesos en curso.

Claro, la cosa aparentemente no comienza bien con la derogación por el Congreso de la disposición del Decreto Legislativo 1607 que daba un plazo de 90 días para obtener permisos para usar explosivos a quienes están en el Reinfo, registro de informales en proceso de formalización, que funciona como una patente de corso que le impide a la policía en Pataz intervenir a los ilegales. En realidad, la ley autoritativa de las facultades legislativas no incluía ese tema, de modo que el Poder Ejecutivo debió –todavía debe– presentar un proyecto de ley para ese efecto, pero limitado a la provincia de Pataz, asolada por la violencia de las bandas criminales. O el Congreso responsablemente debió darla junto con la derogatoria mencionada. Porque, sin duda, la policía está con las manos atadas y el tema de seguridad allí es grave.

En la práctica, esa disposición adelantaba el fin del Reinfo, que es el 31 de diciembre. Entonces, más allá de la solución para Pataz, lo que se necesita es un plan serio, realista y permanente de formalización de los mineros informales a nivel nacional, que reemplace al Reinfo. Un plan que parta de un censo que permita actualizar el catastro minero con toda la información de los mineros pequeños y artesanales, y que contemple la simplificación de requisitos, la liberación de la compra de insumos, los contratos de cesión o explotación, la compra y comercialización del mineral y el papel central de plantas procesadoras y de la banca privada. Lo que en el pasado hacía el Banco Minero.

Incorporar a la formalidad a 300 mil mineros informales no solo redundará en mayores ingresos para el fisco y en mejoras ambientales, sino que fortalecerá la capacidad de integración del Estado legal y reducirá el espacio para las economías ilegales. Si el Ejecutivo y el Congreso no salen con un plan serio en ese sentido en los próximos meses, volverán a imponer la prórroga del Reinfo, y eso no es admisible.

Hay que conformar bloques de formalidad. A ese efecto ayuda también la reciente modificación de la ley forestal, que permite consolidar derechos de propiedad de 500 mil agricultores en la selva. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego tiene que empujar eso.

Hay otros procesos interesantes. Por ejemplo, el proyecto de simplificación de los regímenes tributarios enviado al Congreso que, sin embargo, debería ser modificado hacia una escala gradual y progresiva que permita la formalización y el crecimiento de los pequeños, y establezca lo mismo para los regímenes laborales, tal como han planteado la Cámara de Comercio de Lima, el Instituto Peruano de Administración de Empresas y Elmer Cuba, en lo que llaman el “combo formalizador”. Asimismo, el proyecto de reforma del sistema de pensiones, que debería centrarse en cuentas de capitalización individual en las que todos los peruanos a partir de los 18 años puedan abonar parte del IGV que pagan cuando compran algo, como propone Lampadia. Pero no 1%, sino 4% o 5%. Eso universaliza las pensiones y genera formalidad y, por lo tanto, más recaudación. Pero como si las opiniones no sirvieran para nada, la Comisión de Economía insiste en desviar a la mayoría por ‘default’ hacia la ONP, que es de reparto, creando gran contingencia fiscal a futuro. ¡Y vuelve a jugar con un nuevo retiro!

Otro proceso en curso es el de la simplificación administrativa y regulatoria vía los Análisis de Impacto Regulatorio (AIR), obligatorios desde hace pocos meses para cualquier norma que emita el Ejecutivo y para el stock de normas. Pero el nuevo presidente del Consejo de Ministros despidió al secretario de gestión pública encargado de eso por exigirle a la Sunedu que aplique un AIR a la retrógrada norma que prohíbe las clases virtuales. Así no vamos a ninguna parte.