Fuerzas desintegradoras

La persistencia y virulencia de esta revuelta son un indicador claro de la potencia de las economías ilegales y las izquierdas radicales, y de los sentimientos identitarios movidos por las muertes, pero también de otras fracturas que están debajo. Algo ha fallado en el proceso de integración de la sociedad peruana.

En teoría, el mercado y la democracia son integradores. El mercado incluso tiende a diluir el racismo, porque favorece el intercambio y asociación entre las personas de cualquier origen. Pero, en el Perú, ese efecto integrador ha sido severamente limitado por el costo de las leyes y los reglamentos. Los emergentes no pueden crecer más allá de cierto punto, o deben desviarse hacia la ilegalidad. Hay dos mundos. El formal y el informal. Una segregación. Es cierto que el campesinado andino se ha integrado al mercado y al mundo urbano de manera notoria en las últimas décadas. Ha surgido una nueva clase media rural y urbana emergente. Pero informal.

Se requiere una revolución liberal para romper esa barrera. El problema es que en el mundo formal la CGTP del Partido Comunista se opone a cualquier apertura a las clases informales. Las izquierdas afianzan este ‘apartheid’ económico. Pero lideran las revueltas.

La minería informal-ilegal es una expresión extrema de este síndrome. Cientos de miles de campesinos-mineros informales no se pueden formalizar por el costo de las normas. Entonces dependen de las plantas procesadoras de Chala y Nazca que los habilitan para poder trabajar, y luego les compran el mineral a vil precio. Incluso financian invasiones de comuneros a concesiones formales. En la segunda vuelta algunas de ellas financiaron la campaña de Pedro Castillo, acaso para conseguir una menor fiscalización si ganaba. Es un negocio enorme, unos US$4 mil millones al año. Por eso financian la insurrección.

No es casualidad que los dos departamentos que de lejos producen más oro ilegal sean Madre de Dios y Puno. Y es en Puno donde el Movadef tiene la mayor cantidad de comités: 12. Tampoco es casualidad que las rondas campesinas de Piura, la Libertad y Cajamarca, que también apoyaron al rondero Pedro Castillo, rechacen belicosamente a las empresas mineras formales que pretenden instalarse en sus zonas. Están comprometidas con la minería informal o ilegal y, en algunos casos, con el narcotráfico.

El Gobierno debería presentar a las organizaciones de mineros informales un plan efectivo de formalización.

El otro mecanismo integrador, la democracia, también ha fallado. No ha servido para moderar las ideologías radicales. La derrota de Sendero llevó a la demonización de Alberto Fujimori como violador de derechos humanos, y la ideología de clases no fue derrotada. No hay nada más desintegrador que esa ideología. Ya la venía inyectando Patria Roja en las escuelas desde hace 40 años, y por eso el capitalismo popular informal andino la adopta pese a contradecir su esencia.

Los canales de representación están rotos porque no hay partidos y porque los distritos electorales son muy grandes. Si cada provincia tuviera su representante, las provincias más andinas y rurales tendrían más representantes. La descentralización ha transferido ingentes recursos a los gobiernos regionales y locales para obras, pero se convirtieron en nidos de corrupción y en vías de enriquecimiento ante la imposibilidad de hacer empresa formal. Aumentó la rabia de la gente. La descentralización sin partidos ha sido una fuerza desintegradora. Ha feudalizado el país.

En suma, la percepción de un sistema económico y político formal que los rechaza agrava el sentimiento de segregación racial. Entonces, el agravio por los muertos se potencia. En el barrio chino de Ica, que es un campamento de migrantes andinos, el número de manifestantes se incrementó sensiblemente, ya no por la paga de la minería ilegal, sino en una guerra santa contra la policía y Lima en venganza por sus muertos.