Una reciente encuesta de Datum para El Comercio da cuenta de que ha subido al 86% el porcentaje de quienes consideran que el Gobierno no tiene una estrategia para enfrentar el problema de la inseguridad. Ante tamaña carencia me atrevo a sintetizar un conjunto de medidas para enfrentar el crimen urbano. No pretendo originalidad; estas expresan, más bien, un cierto consenso de los que reflexionamos sobre estos temas. Ninguna es sencilla de implementar y todas resultan tan retadoras como el problema que enfrentamos.
1. Decir la verdad. Se viene perdiendo tiempo valioso con medidas populistas, efectistas y cortoplacistas, dejando que el monstruo crezca a niveles antes impensados. Aun haciendo las cosas bien, tomará tiempo y, al inicio, los resultados se verán muy lentamente.
2. Promover un acuerdo nacional entre los tres poderes, así como entre los niveles de gobierno (nacional, regional y local), para el diseño e implementación de políticas sensatas y sostenibles en el tiempo.
3. Establecer prioridades en el gasto público que permitan desplegar un esfuerzo económico extraordinario, transparente y supervisado, que coincida con la gravedad del problema. Si queremos resultados necesitamos que las cuatro instituciones del sistema penal (PNP, MP, PJ e INPE), así como las iniciativas y modalidades de prevención del delito cuenten con los recursos adecuados.
4. Declarar en emergencia las inversiones en infraestructura, equipamiento y tecnología, así como la adquisición de bienes y servicios en la PNP, garantizando que su gestión esté a cargo de personal gerencial especializado y calificado, contando con una supervisión concurrente de la contraloría.
5. Incrementar de manera significativa los efectivos rigurosamente seleccionados que trabajen en unidades de élite dedicadas a la inteligencia y la investigación criminal, otorgándoles incentivos por resultados, tecnología de punta y logística suficiente.
6. Patrullaje masificado, planificado y evaluado, en vehículos georreferenciados, que se desplieguen en función de los mapas de calor generados por los órganos de inteligencia y las denuncias.
7. Contar con un número mayor de policías dedicados a la labor operativa. Para ello se requiere poner civiles calificados en administración, jubilados atendiendo en comisarías, hacer reformas a la jornada laboral, implementar salidas adelantadas de las escuelas y asignar muchas más vacantes para las escuelas de suboficiales.
8. Efectuar reformas al Código Procesal Penal que reduzcan los plazos para la investigación y juzgamiento del crimen organizado.
9. Fortalecer los equipos de fiscales especializados en crimen organizado. Dotarlos de más personal, infraestructura, apoyo técnico y tecnología suficientes.
10. Crear salas especializadas en el Poder Judicial para juzgar el crimen organizado con personal y presupuestos suficientes.
11. Plantear medidas más drásticas y rápidas para suspender a policías, fiscales, jueces y penitenciarios que favorezcan el crimen.
12. Construir con urgencia penales de máximo aislamiento con alta tecnología y personal preseleccionado, y declarar en reorganización el INPE, promoviendo medidas para reducir la corrupción y el hacinamiento en los penales.
13. Mejorar el control de los pasos ilegales en las fronteras para evitar que traficantes de personas hagan ingresar ilegalmente a migrantes vinculados al crimen transnacional.
14. Incluir a la población vía la masificación de recompensas por la captura de delincuentes requisitoriados por delitos vinculados al crimen organizado y de alta lesividad.
15. Identificar y operativizar los diversos ámbitos y momentos en los que las Fuerzas Armadas pueden hacer un aporte valioso en la lucha contra el crimen organizado.