¡A la reja!

Ninguna persona en ningún país del mundo está libre de ser llevada frente a la justicia. Ni que se intente utilizar a la justicia para perseguir y privar de la libertad a adversarios o enemigos. Por ello, uno de los principios más importantes del Estado de derecho es la presunción de inocencia. Esto es, que toda persona es inocente hasta que se pruebe judicialmente lo contrario. En el caso peruano, la presunción de inocencia es una garantía constitucional cuyo objetivo es preservar la libertad.

Y, sin embargo, en el Perú no existe garantía constitucional alguna. Y uno como ciudadano debería estar realmente preocupado de caer en manos de la justicia. Hoy en las cárceles el 36,98% de los presos no tiene sentencia. Esto significa que hay más de 35.000 personas que han sido privadas de su libertad sin que se haya probado que son culpables. En la mayoría de los casos, son personas de escasos recursos cuyas historias rara vez llegan a ser conocidas y que dependen del sistema de defensa pública. ¿Podemos confiar en una justicia así?

Benjamin Franklin sostenía que “es preferible que 100 personas culpables puedan escapar a que un solo inocente sufra la privación de su libertad”. Y esto era en 1785. Porque la libertad es el bien más preciado que pueden tener las personas. Pero la realidad es que el sistema judicial peruano no es garantía de justicia, sino de abuso, corrupción y persecución política. Y, en gran medida, por la ignorancia de aquellos que deben administrar justicia. Hace unos días, la fiscal Marita Barreto mostró lo peligroso que es para cualquiera caer en manos de la justicia en el Perú. En una presentación, sostuvo que, “si dicen que son inocentes, pues prueben que son inocentes en el Ministerio Público, para eso existe el proceso. En una declaración que tienen que dar; tienen que dar las razones de por qué son inocentes. En la investigación tienen que ofrecer los elementos de convicción [las pruebas] que contradicen los elementos de convicción que acopia el Ministerio Público”.

La fiscal Barreto parece no haber pasado por una facultad de derecho ni entender que la inocencia no puede probarse. Que es responsabilidad del Ministerio Público –la fiscalía– probar la culpabilidad del acusado, más allá de toda duda razonable. En los últimos años hemos sido testigo del abuso de las prisiones preventivas y de las demoras injustificadas en las investigaciones fiscales y la solución de los procesos penales. Fiscales que celebran la privación de la libertad de personas durante años y que luego son incapaces de demostrar que eran, efectivamente, culpables. Jueces que ordenan prisiones preventivas sin razón y que sonríen al hacerlo. Y así, nos enfrentamos a la utilización abusiva de la justicia.

Y, sin embargo, poco decimos sobre el abuso judicial. Son tantos y tan variados los problemas del país que la justicia parecería ser el menos importante. El problema es que un día alguien podría decir que usted ha cometido un delito, aunque no sea cierto. Y, de acuerdo con la fiscal Barreto, usted deberá probar su inocencia, desde una cárcel.