:quality(75)/s3.amazonaws.com/arc-authors/elcomercio/f7dcf612-17b8-48c7-9e4b-2c3ed54c48a8.png "Héctor Villalobos")
En el imaginario de la presidenta Dina Boluarte existe una figura que se llama “terrorismo de imagen”. Según su propia definición, consiste en la difusión de mentiras, de noticias falsas, creadas con la intención de dañar la imagen de alguien. Muy indignada, invocaba hace unos días a luchar contra esta lacra. Por suerte para algunos de sus ministros, este creativo concepto no existe en el Código Penal.
El Gobierno ya nos tiene acostumbrados a cometer papelones con regularidad y esta semana fue el turno del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien anunció el miércoles la captura de un supuesto número 2 de Sendero Luminoso, Iván Quispe Palomino. No pasaron ni unos minutos y el ‘bluff’ ya había sido desinflado por diversos especialistas. El detenido nunca tuvo un rol importante en la organización terrorista y mucho menos era el segundo al mando.
La patinada de Santiváñez y su precipitación por dar la noticia obedece a la imperiosa necesidad de gritar logros que tiene un Poder Ejecutivo menesteroso de resultados. Poco parece importarles si estos son reales, inflados o incluso inventados.
Ojo, el desliz de Santiváñez no convierte a Quispe Palomino en una mansa paloma. Purgó prisión por terrorismo durante diez años y fue partícipe de las atrocidades perpetradas por la organización. Pero nunca fue el número 2. El ministro se las quiso dar de Elliot Ness y terminó como el Superagente 86.
Lo peor para el Gobierno es que Santiváñez no resbaló solo. Arrastró en su error a otros ministerios y a la Presidencia de la República. Las cuentas oficiales celebraron ese día la “importante” captura. Con su habitual ceño fruncido, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, aseguraba que el detenido tenía tres requisitorias. Finalmente, el Poder Judicial confirmó que el Ejecutivo la había embarrado y ordenó la liberación de Quispe Palomino.
Hubo un tiempo, no muy lejano, en el que existía lo que se llamaba la responsabilidad política. Ni Santiváñez ni el Gobierno parecen estar enterados de eso.
