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‘La Bestia’ se enfrentó al tráfico de Lima: la travesía del auto blindado que trasladó a Joe Biden
Resulta revelador el informe preliminar del Grupo de Alto Nivel de la OEA que visitó nuestro país. Ese organismo internacional está al servicio del objetivo de liquidar la libertad de expresión en el Perú.
La misión de la OEA debía recoger las versiones de los distintos actores políticos del país. Su informe, sin embargo, destaca la versión del Gobierno y el oficialismo.
Dice que los medios no son veraces, que carecen de objetividad y que están concentrados en pocas manos (“Informe preliminar”, VI, Hallazgos, acápite 5).
“Se informó”, agrega, “que en el Perú existe ‘sobre-libertad de expresión’”. ¿“Se” informó? No, no es impersonal. Tiene nombre y apellido: el Gobierno informó.
Conocemos el término “libertad de expresión”. La acuñación de “sobre-libertad”, o sea, exceso de libertad, solo puede venir de un acuñador falsificador.
Hay libertad de expresión o no la hay. En un Estado de derecho, un delito cometido con el pretexto de “libertad de expresión” se castiga con el uso de la ley.
La injuria, la calumnia o la difamación no son parte de la “libertad de expresión” ni de la “sobre-libertad” de expresión. Son delitos y se acusan ante un juez, bajo el imperio de la ley y las normas y sanciones conocidas.
Este invento del Gobierno de la “sobre-libertad” de expresión quiere un ambiente favorable a una intervención más allá de la ley. Todas las dictaduras quieren su ley especial para la prensa. Y usan su lenguaje particular.
La OEA hace aquí de vocero. ¿O, acaso, quien piensa que hay “exceso” de libertad de expresión quedará contento con la ley existente que limita los abusos?
La misión de la OEA no preguntó a qué se refiere esa “sobre-libertad” de expresión. Hay que decírselo, aunque no quiera recogerlo: se refiere a las publicaciones sobre los delitos atribuidos al presidente de la República.
El informante de la OEA se delata en su queja: “los medios tienen libertad para informar o desinformar sin ningún tipo de censura”.
La OEA reproduce este reclamo sin ningún pudor. La censura previa es la aprobación o desaprobación que hace un censor autorizado por la autoridad política. Es la explícita liquidación de la libertad de prensa.
Esto es lo que exige el Gobierno. Ahora, gracias al informe preliminar de la OEA, lo sabemos de manera explícita y confesa. Es, además, aquello por lo que quiere intermediar la OEA.
El informe recoge otra barbaridad. Consigna que “se utilizan las noticias reportadas por los medios para abrir casos de investigación legal contra actores políticos, sin contar con los elementos jurídicos necesarios”.
El informe dice que esto lo comunicaron “ciertos actores”. ¿Ciertos actores? No, ¡qué tal camuflaje! Esta es la versión y defensa del Gobierno. La sostiene todos los días.
Las noticias de los medios son sobre casos de corrupción. La fiscalía ha hecho acopio de testimonios, pruebas y elementos de convicción de carácter procesal y penal.
¿Se basa la denuncia constitucional contra Castillo en recortes de periódicos? El Gobierno sabe que no y ahora la misión de la OEA hace de muñeco ventrílocuo.
El Gobierno quiere liquidar a la prensa. El objetivo es acallar las denuncias sobre corrupción en el poder.
La democracia está amenazada por este Gobierno y, ahora también, por sus aliados.
