“El exalcalde era corrupto, pero dejaba trabajar”

El título de este artículo fue el grito desesperado de una emprendedora en una municipalidad distrital de Lima, el jueves último, mientras era arrastrada a la calle por la seguridad. Su local había sido cerrado de manera injustificada y llevaba 20 días intentando reabrirlo. Cuando las condiciones económicas de un país se deterioran y el Estado menoscaba el ambiente de negocio, impacta negativamente en el desarrollo de las empresas, en el crecimiento económico del país y en su capacidad de reducir pobreza.

Un estudio reciente del Banco Mundial encontró que la reducción de pobreza del Perú en los últimos 20 años, de 60% a 20% (2020), se debió principalmente al crecimiento económico que impulsó el incremento de ingresos laborales. El 85% de ese crecimiento económico fue generado por la empresa privada. La ecuación es sencilla: a mayor inversión privada, mayores puestos de trabajo, mayor crecimiento económico, mayor recaudación fiscal y, por consiguiente, mayor bienestar para los peruanos. Lamentablemente, el sector público no ha entendido con claridad el rol que tiene la empresa privada en el desarrollo de un país.

Cuando el ambiente de negocio de un país se deteriora, se reduce la inversión privada. En algunos casos, las empresas cierran y, cuando eso ocurre, no solo se perjudican los accionistas y dueños de las empresas que pierden su capital invertido; se perjudican los trabajadores que se quedan sin trabajo y aquellos que trabajaban en las empresas proveedoras de la que cerró (empleo indirecto). Estas últimas son en su mayoría mypes. Se perjudica, además, el Estado que recaudará menos impuestos. La economía funciona como fichas de dominó: la caída de una ficha generara la caída de muchas otras.

El ambiente de negocio puede ser deteriorado por el Estado de distintas maneras. Desde el Congreso, a través de una regulación que aumenta los costos de hacer empresa en el país (costos laborales y tributarios), desde el Poder Ejecutivo cuando los ministerios sobre regulan, exigen múltiples permisos y demoran en las autorizaciones y licencias, pero también a través de las municipalidades y gobiernos regionales. Un ejemplo es lo que está ocurriendo hoy con las nuevas administraciones municipales que están imponiendo sanciones injustificadas al cuestionar las licencias de funcionamiento y ordenar el cierre temporal de plantas, fábricas y locales comerciales, imponiendo sanciones millonarias y obligando a los contribuyentes a allanarse a las supuestas infracciones cometidas sin poder ejercer su derecho de defensa. Pese a que se trata de interpretaciones de la ley absolutamente irregulares, no existe una instancia donde las sanciones puedan cuestionarse de manera rápida y efectiva. La única instancia es el Poder Judicial. Mientras tanto, las empresas pierden millones de soles al día. Y cuando se están ahogando es que un diligente asesor o funcionario se encarga de pedir una “contribución” para la municipalidad: donaciones de los bienes que producen, camionetas para Serenazgo o que la empresa asuma la ejecución de servicios municipales. Todo para “mejorar el distrito”. Los funcionarios públicos pueden convertirse en una gran barrera para el desarrollo de las empresas. En algunos casos, producto de su escasa preparación, su falta de entendimiento de la economía o de lo que implica hacer empresa. Pero, en la gran mayoría de los casos, es por corrupción.

Las repetidas inspecciones, los cobros indebidos, el cuestionamiento a las operaciones y la clausura temporal injustificada son formas de extorsión. Y pese a que el abuso es públicamente conocido, rara vez es denunciado porque no existe un sistema adecuado que proteja al denunciante. Los canales de denuncia son tan burocráticos y poco confiables que generan la percepción de indefensión e impunidad. Por ello, muchas empresas y emprendedores deciden no arriesgarse a las represalias que pudiesen sufrir si denunciasen el intento de extorsión y el abuso.

El Perú necesita retomar la senda de crecimiento y la única forma es generando un sistema que favorezca la inversión privada, eliminando las barreras que impiden el desarrollo de las empresas. Desde el sector privado necesitamos generar mecanismos que permitan denunciar a los malos funcionarios públicos.