“Lo que se les paga a los profesores de colegios públicos en este país es una miseria”, “es una vergüenza el abandono del sector cultura por parte del Estado”, “no hay apoyo para deportistas”, “la infraestructura pública es un desastre”, y siguen firmas. Casi no hay sector de la sociedad o persona que no tenga una demanda por mayor presupuesto del Estado. Algunas demandas incluso son justificadas.
¿Por qué el Estado no puede hacer justicia con los pedidos legítimos? Las explicaciones principales son de tres tipos: por corrupción, por ineficiencia y por falta de presupuesto. Entre estas razones –todas importantes sin duda– quizá la más profunda sea la última: la escasa recaudación tributaria del país. Los ingresos fiscales del Perú como porcentaje de su PBI son de aproximadamente 19%, por debajo del promedio de la región de 22% y muy por debajo del promedio de los países de la OCDE de 34%.
Porque hay que decirlo claro: casi nadie paga impuestos directos en el Perú. El Impuesto a la Renta (IR) se colecta principalmente de empresas (formales) en función a sus utilidades y de trabajadores (formales) en función de sus salarios. Respecto de las primeras, de los 8,7 millones de unidades productivas que había en el Perú en el 2015, solo 2 millones eran formales. Más aun, de esos 2 millones, solo 300 empresas aportan más del 40% del IR empresarial. Y el número ha mejorado. En el 2010, el 0,02% de unidades productivas contribuía con el 63% de este tributo.
Respecto del pago de IR de los trabajadores, los números también resultan impactantes. Según cifras de la Enaho, entre aquellos que trabajan más de 20 horas, solo uno de cada tres trabajadores es formal y, de estos formales, solo uno de cada cuatro se encuentra afecto al pago de IR (los demás ganan menos de las 7 UIT exoneradas). En consecuencia, solo uno de cada 12 trabajadores aportaría al fisco directamente de su salario.
Alguien podrá objetar que el IGV sí lo pagamos todos. Eso es parcialmente cierto. Según la Sunat, la evasión de este impuesto llega casi al 30%. Y en el caso del IR, dicho sea de paso, llegaría al 50%. La misma fuente indica que al año se evaden cerca de S/60 mil millones, un monto nada despreciable considerando que el total de ingresos tributarios asciende a poco más S/100 mil millones anuales.
Así las cosas, ¿es de extrañar que no haya dinero suficiente para pagarles un buen salario a los profesores, equipar postas médicas, reconstruir carreteras o invertir en ciencia y tecnología?
Hay tres culpables de esta situación. Los primeros responsables son los evasores –aquellos que pudiendo y debiendo pagar se burlan del Estado y de nosotros–. El segundo responsable es un sistema de recaudación que por décadas ha preferido exprimir a los pocos que pagan en vez de ampliar la base tributaria y hacer menos costoso, complicado y hasta riesgoso el proceso de pago de impuestos. Y el tercer causante, el más importante, es la baja productividad de la gran mayoría de empresas que no les alcanza para pagar los costos de la formalidad y de la gran mayoría de personas cuyo salario no llega al umbral mínimo de ingresos para empezar a aportar.
Las consecuencias van más allá de una billetera estatal flaca. Decíamos al inicio que la corrupción y la ineficiencia pública también son causas de la falta de respuesta del Estado a demandas ciudadanas válidas. ¿Pero a qué ciudadano le interesa fiscalizar y pedir rendición de cuentas cuando no es su dinero el que está siendo robado o malgastado? ¿Cuántos se sienten con el derecho legítimo a exigir cuando no han contribuido para aportar? No estaría de más tener en cuenta todo esto antes de regresar a la indignación por la dejadez, el olvido y la indiferencia que el Estado ha mantenido con su sector favorito.