Narcotráfico: persistiendo en el error, por F. Rospigliosi

Las primeras declaraciones del nuevo ministro de Defensa, Jorge Nieto, han sido para reiterar su compromiso con la intervención de las Fuerzas Armadas en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) en acciones contra el narcotráfico y el terrorismo (“Correo”, 7/12/16). Una grave equivocación que ratifica el error del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que en octubre decidió entregar completamente la lucha contra el narcotráfico, en la principal zona productora de coca y cocaína del Perú, a los militares.

Es un desatino por varias razones. Primero, porque los militares no están capacitados para combatir el narcotráfico. Para ese propósito se requiere investigación criminal, es decir, identificar, ubicar y seguir a los delincuentes, acumular pruebas contra ellos, capturarlos y decomisar la droga, así como el dinero y los bienes producto de sus delitos. Ese es un trabajo específicamente policial, para el cual las Fuerzas Armadas no están entrenadas, ni tienen por qué estarlo.

Lo segundo, y más importante, es que los militares tienen poder político, son casi intocables. Cuando son corrompidos por el narcotráfico –cosa que ocurre con frecuencia cuando se les pone en esa tarea–, es casi imposible que la policía, fiscales y jueces les pongan un dedo encima. Nadie se atreve.

Por supuesto, en la policía también hay mucha corrupción, pero si se descubre un policía vinculado al narcotráfico se le puede detener y encarcelar. A los militares casi nunca. Además, las unidades especializadas de la policía trabajan en colaboración con agencias norteamericanas y británicas, tienen una supervisión especial, pasan regularmente por el polígrafo, etc. Los militares no permiten eso, son muy nacionalistas.

En el Perú existe una larga experiencia muy negativa del involucramiento de las Fuerzas Armadas con el narcotráfico. En la década de 1990 estuvieron a cargo del Alto Huallaga, la principal región productora en aquel entonces, y la corrupción fue fenomenal, perjudicando profundamente la institucionalidad de las FF.AA.

Lo mismo ha venido ocurriendo en el Vraem en los últimos años. Un reportaje de la agencia Associated Press describe lo que todo el mundo sabe en esa zona: “Coca sale en avionetas desde Perú en narices de militares”, y “un piloto acusado de narcotráfico le dijo a AP que los comandantes militares en el Vraem cobran US$10.000 por vuelo para permitirles aterrizar y despegar sin que nadie los moleste” (“Gestión”, 14/10/15).

El Perú es el principal exportador de cocaína del mundo. Colombia nos ha arrebatado recientemente el deshonroso primer puesto en producción. Pero, a diferencia del Perú, Colombia incauta gran parte de lo que produce. Según cifras oficiales, el año pasado decomisaron 252 toneladas de cocaína y el Perú menos de 9.

La razón es sencilla, el Perú incauta menos del 5% de la cocaína que fabrica por la corrupción de las autoridades encargadas de perseguir el delito. Con el combate al narcotráfico en el Vraem –que produce aproximadamente dos tercios de toda la coca– en manos de las FF.AA., esa situación no va a cambiar y es probable que empeore.

Y, quizás más grave, la ya precaria institucionalidad de las FF.AA. se verá más afectada todavía, como ocurrió en la década de 1990.

El jueves pasado, el general Salvador Cienfuegos, ministro de Defensa de México, demandó nuevamente que se retire a las FF.AA. de la lucha contra el narco. Cienfuegos dijo: nosotros “no estudiamos para perseguir delincuentes, nuestra función es otra y se está desnaturalizando” (“Newsweek”, 8/12/16). Y agregó: “soy el primero en alzar la mano para regresar a nuestras tareas constitucionales” (“El País”, 8/12/16).

En México, sin embargo, el Estado tenía pocas opciones. Allí no había policía nacional sino cientos de policías locales, muchas compradas y al servicio del narcotráfico. Las FF.AA. entraban a un pueblo y tenían que desarmarlas y prácticamente disolverlas. Además, en México el narco tiene poder de fuego, pequeños ejércitos de sicarios muy bien pertrechados. Ninguna de las dos cosas ocurre aquí.

El ministro Nieto ha vivido tres décadas en México. Debería tener en cuenta esa experiencia para su gestión acá. 

Nieto dijo también que trabajará para fortalecer la institucionalidad de las FF.AA. Pero la presencia de las FF.AA. en el Vraem en tareas policiales lo que hace es precisamente socavar fuertemente su institucionalidad. Es hora de rectificar.