Jaime de Althaus

Es lamentable que, por vanas y miopes razones políticas y no de fondo, las bancadas de izquierda no hayan permitido alcanzar los 87 votos necesarios para aprobar la en dos legislaturas, algo fundamental para que nuestra democracia recupere viabilidad.

Ello, pese a que se incluyó la disposición de que “los pueblos indígenas originarios tienen, por lo menos, una representación en la Cámara de Diputados y en el Senado, conforme a ley”. Una disposición complicada porque, ¿cómo se elegiría a ese representante? Tendría que haber un padrón de votantes indígenas, y estos tendrían doble voto: por su representante indígena y por su representante territorial en la circunscripción electoral a la que pertenezcan. ¿O ya no tendrían representante territorial? ¿Dos tipos de ciudadanos?

En realidad, una disposición como esa no sería necesaria si tuviéramos distritos electorales pequeños, uni o binominales, para elegir , pues entonces, en aquellos en los que hubiese mayoría indígena, se elegiría de manera natural a representantes indígenas (lo que ahora casi no ocurre), sin necesidad de crear distintos tipos de ciudadanos.

En la actualidad, tenemos 26 distritos electorales grandes, plurinominales; uno por cada región. Es decir, que en ellos se elige a varios congresistas, la mayor parte de los cuales tiende a representar a la capital o a la ciudad más grande. En La Libertad, por ejemplo, hay siete congresistas, casi todos de Trujillo o de la costa. Si tuviésemos siete distritos electorales en dicha región, dos o tres corresponderían a las provincias andinas, que tendrían sus propios representantes. O en Áncash, que tiene cinco representantes, podríamos tener dos por la costa (Chimbote), dos por el Callejón de Huaylas y uno del Callejón de Conchucos. La mayor parte de los representantes de Cusco son hoy “mistis” de la ciudad de Cusco. Con circunscripciones electorales pequeñas que junten a grupos de tres provincias, las poblaciones indígenas de provincias altas, por ejemplo, tendrían representantes (diputados) propios. Los distritos electorales para elegir diputados reflejarían unidades territoriales de base económica, social y cultural, microrregiones socioeconómicas.

En Lima, elegimos a 34 congresistas en una sola circunscripción, de modo que no sabemos quién es nuestro representante. Y la mayor parte pertenece a los distritos centrales. Con esta reforma, tendríamos 34 circunscripciones uninominales o 17 binominales, o una combinación, y la Lima periférica tendría más representantes que en la actualidad. San Juan de Lurigancho, por ejemplo, se dividiría en dos o tres distritos electorales. Cada uno elegiría a su propio diputado. Y así varios de los grandes distritos populares.

Y la democracia representativa se volvería real. Miraflores y San Isidro, por decir algo, formarían un distrito electoral y elegirían a un diputado. Entonces, si yo vivo en Miraflores, sé quién es mi representante, puedo escribirle, y lo reelijo o no, según la gestión que haya hecho. Ese diputado puede incluso poner las redes sociales al servicio de su relación con sus electores, para comunicarse con ellos. Además, puedo elegir mejor porque solo tengo que elegir entre, digamos, ocho o diez personas, si es que hay ocho o diez partidos que presentan a sus candidatos.

Ahora bien, para el Senado lo que se plantea teóricamente es lo contrario: un distrito único nacional (si en el Senado hay 60 senadores, cada partido presenta una lista de 60 candidatos, y se vota por la lista) o, en su defecto, cuatro distritos macrorregionales: norte, centro, sur y Lima. Estas megacircunscripciones ayudarían a recuperar la élite académica y profesional que ha desertado de la política, mejor preparada para revisar los impulsos legislativos de los diputados. Pero el proyecto discutido ayer propone que cada región tenga un senador, y el resto se defina en la ley.

La sociedad civil, el empresariado y la academia deberían exigir al Congreso la aprobación de esta reforma, vital para el futuro del Perú.

Jaime de Althaus es analista político