Neurosis metálica, por Carmen McEvoy

“Por el bien de los peruanos, ojalá que alguno de los presidentes se salve”, declaró un apesadumbrado Luis Thais ante la noticia del presunto soborno de Odebrecht al ex jefe de Estado Alejandro Toledo. Días antes un ex viceministro del gobierno de Alan García, Jorge Cuba, y otros funcionarios más fueron acusados de cobrar coimas millonarias con la finalidad de favorecer a la empresa brasileña. En una de las escenas más delirantes de una saga que recién empieza, Cuba, quien debe dar cuenta de ocho millones de dólares de los contribuyentes, regresó al Perú con una Biblia bajo el brazo mientras demandaba respeto por su “presión arterial”. 

Toledo tenía la obligación de continuar la cruzada democrática iniciada por el gobierno de transición del doctor Valentín Paniagua –luego de la fuga del hoy reo Alberto Fujimori– pero su mesianismo le hizo olvidar que lo urgente, a inicios del siglo XXI, era reformar al Estado. Porque en un sistema republicano los hombres pasan mientras las instituciones perduran. A la luz del nuevo escándalo de corrupción que nos embarga, resulta obvio que el Estado Peruano sigue siendo el botín de los depredadores de siempre. Por ello me permito discrepar con la presidenta del Congreso, quien opina que estamos ante una situación “inédita de corrupción”. 

Cabe recordar que hace más de un siglo Manuel González Prada detectó el problema que hoy tanto sorprende a Luz Salgado acuñando la frase “neurosis metálica”. Una enfermedad que, de acuerdo con el autor de “Pájinas libres”, aquejaba a los “mercaderes políticos” que, como fue el caso de Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos, saquearon los caudales de un Estado debilitado por la guerra y la ineptitud. El libro de Alfonso Quiroz, “Historia de la corrupción en el Perú”, resume lo sistémico de un problema que nos aqueja desde antiguo. Apuntando, asimismo, al daño que la corrupción ha causado al desarrollo y bienestar general. Caer en la tentación de lo “inédito” imposibilita diagnosticar poderosas continuidades que inevitablemente culminan en el robo a mano armada contra la sociedad peruana.

El destino ha querido que cada destape de la saga Odebrecht coincida con un nuevo y devastador huaico. Una situación que no hace más que hacer visible la pobreza, además de la ausencia de infraestructura de la que sufre el Perú. Lo que puede relacionarse no solo con la mala administración de los caudales públicos, sino con la peculiar manera como ha sido organizado el territorio nacional. En el caso de Chiclayo, una de las ciudades más golpeadas por los huaicos, cuyo ex alcalde Roberto Torres Gonzales está preso, la red corrupta fue muy acotada. Torres Gonzales armó una red de corrupción encargada de adjudicar contratos sin licitación pública por servicios que nunca se realizaron. Además de ello, el ex alcalde estafó sistemáticamente a los chiclayanos al no registrar los ingresos de los tributos percibidos por la municipalidad, cercenando incluso pagos laborales que iban directamente a sus bolsillos. 

La precariedad que vive Chiclayo tiene un responsable con nombre y apellido, así como el escándalo de Odebrecht un antecedente histórico en la construcción del ferrocarril transandino. Los sobrecostos que pagó el gobierno del presidente Balta a Henry Meiggs, con el dinero proveniente de la venta del guano, sirvieron, entre otras cosas, para comprar conciencias de políticos y empresarios nativos e incluso manipular elecciones. Tal como está ocurriendo ahora con la carretera Interoceánica, el Estado Peruano fue estafado durante un intento temprano por dominar su endemoniada geografía. Nuestro esquema de territorialización –asociado a la expansión de la coima y la corrupción– proviene del viejo esquema de la guerra depredadora de los caudillos del siglo XIX. Ellos integraron políticamente al Perú pagando el alto costo de una degradación –social y económica– sin parangón en la historia sudamericana. 

El Perú no es un pueblo de naturaleza corrupta, millones de sus ciudadanos se ganan el pan con el sudor de su frente. El “bien del Perú” no depende, en consecuencia, de la “salvación” de algunos presidentes, sino de que los culpables del robo a la nación sean juzgados por traición a la patria. Estoy convencida de que una pena implacable hará justicia, por ejemplo, a los que perdieron sus casas y pequeños negocios a raíz del huaico. A los miles de hombres y mujeres que siguen barriendo el lodo que los cubre, a ese médico que falleció cumpliendo su deber o a la ciudadana que recibió aliviada el bidón de agua que le llega de un gobierno que no entiende que la lucha contra la corrupción es la única bandera política, en un momento tan trascendental para la república. 

Existen millones de peruanos que se levantan de madrugada para ir a trabajar y que, por ello, merecen una representación que los eleve en su moral, su esfuerzo y su dignidad. Hago votos para que esta prueba tan dura y dolorosa nos ayude a reflexionar, castigando ejemplarmente a todos los que nos estafan de manera sistemática. Rapacidad egoísta que no solo destruye nuestro presente, sino que niega el futuro que este país merece.