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El gobierno no ha dicho nada del secuestro de dos periodistas y su chofer en La Palma, Chadín, Cajamarca. Solo el ministro del Interior, Mariano González, lo ha calificado de atentado contra la libertad de expresión y de prensa (El Comercio, 9/7/22, p. 4).
Los periodistas Eduardo Quispe y Elmer Valdivieso fueron secuestrados y coaccionados. Los obligaron a “retractarse” de un informe sobre posible corrupción en obras ofrecidas por la cuñada del presidente Castillo, Yenifer Paredes.
Los ronderos hicieron interrumpir la programación del canal para que se emita esa “retractación”, chicote en mano.
No se trata del derecho consuetudinario de las rondas. Las rondas pueden capturar a delincuentes o abusivos. Lo hacen en remplazo de la policía, pero no pueden estar por encima de ese estándar, porque si no, se convierten en poder ilegal y arbitrario.
Este grupo de ronderos en La Palma no actuó por seguridad, sino por política. Entre 40 y 50 pobladores, chicote en mano, no dejaron irse a los periodistas hasta que se publicara la “rectificación”.
El reportero leyó esta “rectificación” en vivo, evidentemente contra su voluntad. Le hicieron pedir disculpas por el reportaje sobre la cuñada del presidente. Esta es una coacción de carácter político.
Lo obligaron a comprometerse “a no hacer daño al Gobierno Central ni a sus familiares [del presidente].” Lo obligaron a pedir disculpas “por no actuar de acuerdo a la verdad (sic)”.
El presidente de las rondas campesinas de Cajamarca, Fernando Chuquilín, justificó el secuestro, y amenazó. La “prensa de Lima” estaría “malogrando a todo un país con malas informaciones” (“Willax Noticias”).
Es la misma línea liberticida del gobierno. Este ha propuesto un proyecto de ley para crear el delito de “difusión de información reservada en la investigación penal”.
La cuñada del presidente ofrecía obras de saneamiento en La Succha, San Miguel, Cajamarca. Lo hacía, al parecer, a nombre de JJM Espino Ingeniería & Construcción (JJM). Eso debe investigarse.
Se sabe que JJM es de Hugo Espino, que ha visitado muchas veces al presidente en Palacio de Gobierno. Su empresa no registra domicilio cierto y ha ganado una licitación por S/3 millones 800 mil, en el consorcio Gorgor (“Hildebrandt en sus trece”, 8/7/22, p. 2).
La hermana de Espino, Anggi, maneja la constructora Destcon Ingenieros y Arquitectos. Ha ganado una adjudicación de obras para la municipalidad de Anguía, Cajamarca, por S/3 millones (“La República”, 8/7/22, p. 2).
El alcalde del distrito de Anguía es José (Nenil) Medina Guerrero. También es amigo del presidente Castillo y de su cuñada. El alcalde y el empresario apoyaron la campaña de Pedro Castillo.
Las obras aprobadas por el gobierno para la municipalidad de Anguía suman S/65,2 millones (“La República”, p. 3).
El gobierno no quiere que sepamos la verdad. Por eso quiere convertir en delito la difusión de información reservada en investigaciones de carácter penal. El Congreso no debe aprobar esta estrategia de silenciamiento.
No podemos aceptar el secuestro y la coacción contra periodistas. Tampoco, leyes de impunidad como la de este proyecto.
El gobierno es incapaz de hacer respetar el estado de derecho. Depende de los apoyos fabricados sobre adjudicaciones y obras, y está orientado a hacer sucumbir el Estado de derecho.
