Andrés Oppenheimer

Hay un dato poco conocido que merece más atención tras la decisión del dictador nicaragüense a de deportar a 222 presos políticos y quitarles su nacionalidad junto con otros 92 opositores: el régimen de Ortega se está beneficiando de un enorme aumento de las exportaciones de a .

A pesar de la brutal represión de Ortega a las manifestaciones pacíficas del 2018 que dejaron más de 300 muertos, su reelección fraudulenta del 2021 y su reciente decisión de quitarles la nacionalidad a las principales figuras de la oposición del país, el comercio de Nicaragua con Estados Unidos se ha disparado en los últimos años. Las exportaciones nicaragüenses a Estados Unidos subieron de US$3.200 millones en el 2017 a un récord de US$5.700 millones en el 2022, según datos del censo de Estados Unidos. O sea, aumentaron un 78% en los últimos seis años.

No es casual que Ortega no pierda el sueño por las críticas de que es uno de los peores violadores de derechos humanos del mundo: la economía de su país ha crecido, y en gran parte gracias a Estados Unidos.

El gobierno de Joe Biden aumentó las sanciones contra el régimen de Ortega el año pasado, anunciando posibles medidas contra las ventas de oro de Nicaragua, reduciendo ligeramente las importaciones de azúcar nicaragüense y amenazando con imponer otras restricciones comerciales específicas. También agregó a 500 funcionarios nicaragüenses y a sus familias a una lista de funcionarios extranjeros a los que no se les dan visas.

Bajo el acuerdo de libre comercio Cafta del 2006, firmado poco antes de que Ortega asumiera el cargo, Nicaragua se beneficia del tratado de libre comercio centroamericano con Estados Unidos. Las ventas nicaragüenses a Estados Unidos representan alrededor del 50% de las exportaciones totales del país, según cifras del Departamento de Estado.

Asimismo, Estados Unidos es la fuente del 67% de las remesas familiares que llegan a Nicaragua del extranjero. En el 2021, dichas remesas alcanzaron los US$1.400 millones, o el 11% del PIB de Nicaragua, según las cifras de Estados Unidos.

Eric Farnsworth, jefe de la oficina en Washington de la asociación empresarial Council of the Americas y exfuncionario del Departamento de Estado, está entre quienes creen que ha llegado el momento de suspender a Nicaragua del acuerdo Cafta.

Ortega sabe que Estados Unidos no está dispuesto a tomar medidas contundentes en su contra, por lo que sigue radicalizándose”, me dijo Farnsworth, y agregó que es una ironía que Estados Unidos mantenga a Nicaragua como socio de libre comercio mientras niega ese estatus privilegiado a países amigos como Uruguay y Ecuador.

Pero la mayoría de los funcionarios y expertos en Washington me dice que expulsar o suspender a Nicaragua del Cafta sería una medida de “opción nuclear” que provocaría un desastre humanitario en el país. Decenas de miles de trabajadores nicaragüenses perderían sus empleos. Los funcionarios estadounidenses temen que una ola de despidos masivos en Nicaragua aumentaría aún más el éxodo de migrantes indocumentados nicaragüenses a Estados Unidos, que recientemente alcanzó niveles récord. Sin embargo, es momento de que Estados Unidos intensifique las sanciones económicas contra Nicaragua.

Las actuales sanciones de visas a funcionarios nicaragüenses claramente no están poniéndole mucha presión al régimen de Ortega. Más importante aún, no tiene sentido que Estados Unidos esté condenando la dictadura de Nicaragua y, al mismo tiempo, apuntalando su economía.

A Ortega le importa un rábano lo que diga la comunidad internacional, pero le importa que la economía de su país siga creciendo y pueda tener dinero para comprar funcionarios y votos en sus elecciones fraudulentas.

A menos de que Washington imponga sanciones económicas a industrias y líderes empresariales vinculados a su régimen, Ortega seguirá violando los derechos humanos y las reglas democráticas. Y Nicaragua seguirá siendo –por raro que suene– un régimen antiyanqui sostenido económicamente por Estados Unidos.


–Glosado y editado–

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Andrés Oppenheimer es periodista