Nuestro INEI es la mejor institución de toda América Latina midiendo la evolución de la , tanto por la solidez de la muestra como por su muy larga serie histórica y la prontitud al difundir sus datos.

Esta institución mide mes a mes (semestres móviles) la victimización entre la población urbana mayor de 15 años, la que llega aproximadamente a 17 millones y medio.

En julio del 2021 el INEI daba cuenta de que el 17,1% había sido víctima de un delito; es decir, aproximadamente 2 millones 992 mil. A junio de este año ha llegado al 22,7%; es decir, a 3 millones 972 mil, un incremento en el período de de casi un millón de víctimas.

Alguien podría decir que esas cifras globales esconden que el esfuerzo del Gobierno se ha hecho por mejorar en las zonas más pobres. Vanas ilusiones. Si en Lima Metropolitana empeoramos del 21,5% al 26,9% en victimización, le ha ido peor a Puno, que pasa del 24,3% al 30,8%; a Cusco, del 23,1% al 30%; y a Apurímac, del 15,4% al 26,4%.

En cuanto a robo de celulares y cartera y/o intento de hacerlo, el delito más frecuente y cada vez más violento, pasamos en el mismo período del 11,6% al 14,9%; es decir, cerca de 600.000 víctimas adicionales.

En la misma encuesta, amenazas o intimidaciones, usualmente asociadas a la extorsión, son mencionadas por el equivalente a casi 100.000 personas, la mayor parte en las ciudades de más de 20.000 habitantes. Esto es solo la punta del ‘iceberg’ del delito de extorsión. De hecho, casi no hay día en el que no conozcamos sobre un hecho de extrema violencia como “castigo” a los pocos que se resisten. Solo en Lima, en los primeros seis meses del año, 153 personas fueron victimadas por sicarios.

En general, los homicidios se multiplican. Si en el 2017 el promedio mensual era de 56 asesinados, y en el 2020 llegaba a 83, en el 2021, con este Gobierno (al cumplir cinco meses en el cargo), subió a 108 y, en el 2022, ya en pleno desgobierno, el promedio llega a 121 (estas estadísticas fueron elaboradas por el ingeniero Juan Carbajal en base a cifras del Sinadef y publicadas en el semanario “Hildebrandt en sus trece”).

Otro dato importante es que el porcentaje de personas que percibe que hay vigilancia de la policía en su barrio ha bajado del ya escuálido 31,3% al 28,9%; es decir, cerca de 500.000 personas más dan cuenta de la ausencia de este servicio básico.

¿Alguien duda del por qué?

Era ya obvio desde el inicio que nada podía mejorar si no trajeron ninguna idea coherente para este problema. Se han dedicado más bien a corromper los ascensos y a cambiar de encargados por quítame estas pajas.

Hemos tenido en un año ya siete ministros del Interior y cinco comandantes generales de la Policía Nacional del Perú. Peor aún, sabemos que al presidente lo único que le interesa del ministerio y de la policía es obstruir la justicia y, en especial, una obsesión de venganza para sacar del juego al coronel Harvey Colchado.

El cambio del comandante general Vera no tuvo nada que ver con una resistencia a ese objetivo; después de todo, pese a haber firmado para que este lidere el equipo especial, avaló luego al ministro en su intento de sacarlo. Lo que Castillo necesitaba era un inspector a la medida y esta movida le permitió promover al chotano Mejía Montenegro, pese a que en su momento este fue dado de baja por un escándalo de corrupción.

El más reciente capítulo se viene dando en la Digimin. Qué lejanos los tiempos en los que generales de la talla profesional y moral de Wilson Hernández y Carlos León estuvieron a cargo de la Digimin, una institución clave en la lucha contra el crimen organizado.

Ahora estamos en el doloroso ocaso de esa importante dirección. Ha renunciado el octavo director durante este gobierno. Su decisión ha sido presentada como una resistencia al ministro Huerta por la exacerbación de los abusos contra Colchado.

No lo creo. ¡Si fue nombrado para eso hace solo tres semanas! Tengo fuertes razones para pensar que el renunciante y su segundo se dieron cuenta de que, siendo ellos una pieza importante en el delito de obstrucción a la justicia, a la vez eran de los más visibles y vulnerables y que lo que se jugaban –y no en plazo muy lejano– era la cárcel.

Es que la grotesca obstrucción a la justicia no pasa desapercibida para las fiscales a cargo. Que actúen con seriedad y reserva no las hace ni ciegas ni indiferentes. Si no pregúntenles a los ministros Aníbal Torres y Félix Chero, que ya están justificadamente incluidos en la investigación por ese delito.

El ministro Willy Huerta, tan solícito para servir como protector de Pedro Castillo y que todo parece indicar será censurado en los próximos días, debería darse cuenta de que luego de eso pasará al olvido de los políticos, pero seguirá en un lugar prominente en las investigaciones penales por obstrucción a la justicia. Y de esas no lo librará ningún fajín, menos uno empolvándose en el desván.

Carlos Basombrío Iglesias es analista político y experto en temas de seguridad

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