"El presidente debe renunciar al cargo y su vicepresidenta debe hacer lo propio para que, de acuerdo con la Constitución, se convoque a elecciones generales en el más breve plazo posible" (Foto: Congreso).
"El presidente debe renunciar al cargo y su vicepresidenta debe hacer lo propio para que, de acuerdo con la Constitución, se convoque a elecciones generales en el más breve plazo posible" (Foto: Congreso).
Maria Cecilia  Villegas

Los hechos de violencia que hemos vivido en los últimos días han cobrado la vida de al menos cinco peruanos y han puesto de manifiesto, una vez más, la incapacidad de para gobernar el país y encontrar una salida pacífica y constitucional a la crisis política que vivimos. Su gobierno registra el récord de conflictos sociales activos: 157 y, además, 264 acciones de protesta colectiva.

Desde que Castillo llegó al poder, hemos visto al gobierno ceder ante las demandas de grupos informales que utilizan la violencia para imponer sus intereses, destruyendo así la propiedad privada y la institucionalidad. Hemos visto a los ministros ponerse de parte de estos grupos violentistas y utilizar su investidura para violar derechos de propiedad y perjudicar a la empresa privada formal, beneficiando a unos cuantos y perjudicando a la gran mayoría de peruanos. Los hemos visto dejar sin efecto reformas estructurales y entregar instituciones de las que depende el desarrollo del país porque mafias de extorsionadoras así lo exigían. Hemos visto también a delincuentes disfrazados de empresarios que buscan capturar rentas a través de contratos con el Estado negociados a puerta cerrada en la casa de Sarratea o en oficinas del gobierno.

El desprecio del gobierno y de Perú Libre por el orden constitucional es tangible e incuestionable. En estos ocho meses, los peruanos hemos tenido que enfrentar el caos, el desgobierno, la demagogia y el populismo. Tenemos a un presidente que rehúye a la prensa y se rodea de oscuros operadores políticos. Tenemos un gobierno que avasalla las libertades de los ciudadanos y el Estado de derecho en su incapacidad para gobernar, porque su talante es totalitario y en el camino por conseguir copar el Estado no se detendrán ante nada. Un gobierno que, para justificar su incapacidad y esconder sus corruptelas, nos amenaza con una ilegal convocatoria a una asamblea constituyente. Perú Libre y sus aliados –ahora ya no tan aliados– buscan, con la excusa de que una nueva Constitución resolverá los problemas que enfrentamos los peruanos, limitar nuestras libertades y destruir la creación de riqueza. Lo intentaron el 5 de abril en Lima y los limeños se volcaron a las calles.

Los peruanos tienen intereses y necesidades legítimas y urgentes, como el acceso a servicios de salud y educación, a agua y saneamiento, a una vivienda de calidad, a poder transitar por el país por vías libres de violencia. Necesitan un gobierno que implemente políticas adecuadas que les permita enfrentar el encarecimiento del costo de vida que no les permite afrontar los costos de una canasta básica que no cubre con lo indispensable para tener una vida digna y darles un futuro a sus hijos.

Treinta años de disciplina fiscal y de inversión privada han permitido que el Estado tenga recursos para sacar adelante al país, pero la captura de las instituciones por personajes de dudosa reputación y sin capacidad está poniendo en riesgo nuestro futuro como país. Y aquí el Ejecutivo está jugando en pared con el Congreso, que no cumple con su rol de representar a los ciudadanos, incapaz de fiscalizar al Ejecutivo. Un Congreso que, en lugar de solucionar los problemas, parece agravarlos aprobando leyes populistas.

El gobierno está destruyendo la institucionalidad que tanto nos costó construir en estos últimos años. Necesitamos una nueva clase política y una sociedad civil que ponga por encima de intereses personales las necesidades del país. El Perú requiere de urgentes reformas para ser un país más justo, inclusivo, próspero, donde sus ciudadanos puedan vivir en paz. Debemos recuperar al Estado Peruano y hacerlo funcional para atender a los millones de peruanos que viven en situación de pobreza y vulnerabilidad, para resolver conflictos sociales, como los de Cuajone, y reencauzar al país hacia el desarrollo.

El presidente debe renunciar al cargo y su vicepresidenta debe hacer lo propio para que, de acuerdo con la Constitución, se convoque a elecciones generales en el más breve plazo posible. No podemos esperar más. El futuro del país está en juego.

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