No más violencia, no más muertes

Seis peruanos muertos, 12 comisarías incendiadas, cinco policías secuestrados y 119 heridos, aeropuertos tomados, vehículos quemados, ataques a medios de comunicación, a locales del Poder Judicial y del Ministerio Público, intentos de destruir una central hidroeléctrica, bloqueos de carreteras y destrucción de propiedad privada dan cuenta de una situación inédita que no puede continuar.

¿Cómo se puede solucionar esta complicada crisis?

El Gobierno la busca vía el diálogo con los manifestantes en el terreno. Ojalá puedan, porque los promotores tiran la piedra y esconden la mano.

Creo que más eficaz sería que hagan una correcta identificación del problema que tienen al frente y de las demandas que expresan. Para empezar, no estamos ante conflictos sociales; a saber, reclamos al Estado o a empresas por problemas de un sector o localidad específica y que, muchas veces, se hacen yendo más allá de lo que la ley permite.

Lo que tenemos en estos días son reclamos políticos hechos con extrema violencia y métodos paramilitares que ya conocemos del pasado. Es evidente la participación de grupos ultra radicales y de mineros ilegales que logran canalizar, en algunos lugares, el malestar de muchos hacia la clase política.

En cuanto a las demandas, estas son básicamente cuatro: cierre del Congreso, adelanto de elecciones, asamblea constituyente y la libertad y reposición de Pedro Castillo.

Sugiero separar lo que se puede modificar de lo no negociable.

Adelantar las elecciones es un reclamo extendido desde hace un tiempo y ‘per se’ implica que el actual Congreso dejará de funcionar cuando ello se produzca. Por cierto, al golpista Castillo eso no le conviene y ha escrito de puño y letra: “el pueblo no debe caer en ese juego sucio de adelanto de elecciones”.

La propuesta inicial del Gobierno es que las elecciones tengan lugar en abril del 2024. Y eso suena para muchos demasiado lejos. Ha hecho bien Dina Boluarte en anunciar que puede flexibilizarse.

Bien se podría, equilibrando la situación excepcional en la que estamos con todo lo que se requiere para una transición bien hecha, establecer por única vez diciembre del 2023 como fecha para el inicio del mandato del nuevo Ejecutivo y del Congreso, los que concluirían sus funciones el 28 de julio del 2028.

Ocho meses menos que obligarían a acortar los plazos para cada etapa: aprobar una primera votación de la reforma constitucional ahora y la segunda al empezar enero, reformas políticas posibles por ley en el verano, plazo de creación para nuevos partidos, digamos, hasta junio, las indispensables elecciones primarias en agosto, etc.

No es lo ideal, pero lo perfecto es casi siempre enemigo de lo posible.

Obviamente, los que creen ver la revolución a la vuelta de la esquina no lo van a aceptar, pero con una buena y rápida estrategia de comunicaciones se puede ganar a un sector de la población que, sin ser fanáticos ultraizquierdistas, los apoya por estar muy molestos con el Congreso.

Los otros temas no son negociables; el más importante, la libertad del golpista y corrupto Pedro Castillo y, menos aún, su reposición. A los que exigen una asamblea constituyente hay que decirles que, si consideran que el pueblo masivamente los apoya, pues postulen con esa bandera y logren la mayoría nacional que les permitiría convocarla.

A la par, se debe aplicar una estrategia eficaz e inteligente de control del orden público. No se puede seguir permitiendo que continúen los hechos de violencia como los que han venido ocurriendo y, menos aún, más muertes.

Hay un principio elemental del mantenimiento del orden. La capacidad de respuesta tiene que ser suficiente para que la policía pueda evitar el vandalismo sin ser superada.

Se necesita recurrir, por lo tanto, a la presencia temporal, disuasiva y preventiva de la Fuerzas Armadas en los lugares críticos, como un apoyo para la policía que, como corresponde, tendrá que seguir teniendo el peso del mantenimiento del orden.

Ejemplos: militares y policías desplegados antes y no después que lleguen los manifestantes en lugares donde se producen los bloqueos de carreteras. Militares vigilando aeropuertos y aquellos puntos que los servicios de inteligencia identifiquen como vulnerables.

Todo esto no puede venir acompañado de impunidad para los que promovieron estas acciones (que, como siempre, tratarán de escabullirse en el cobarde anonimato). Se requerirá, también, de una investigación seria de las circunstancias de la muerte de cada uno de nuestros compatriotas y si hubo acciones policiales por fuera de la ley, individualizar las responsabilidades.

Coda: Vergonzoso comunicado de los gobiernos de México, Colombia, Argentina y Bolivia. En el pasado denunciaban a los dictadores de derecha y su corrupción, ahora los apoyan porque los creen izquierdistas. Bochornosa la respuesta de la Cancillería dándoles explicaciones sobre lo ocurrido –hechos públicos y notorios– y no protestando enérgicamente por la intromisión en los asuntos de un país soberano. No llama la atención porque los embajadores jubilados que fomentaron la misión de la OEA para apoyar a Castillo siguen mandando en Torre Tagle.