No perdamos de vista..., por Carlos Basombrío Iglesias

En estos días han regresado con mucha fuerza los temas judiciales vinculados a la corrupción. Vuelve a verse lo complejo que es lidiar con ella, cuando los implicados tienen un peso político tan grande en la vida nacional. Así, muchas afirmaciones políticas esconden intereses judiciales y algunas decisiones judiciales corren el riesgo de parecer influenciadas por presiones políticas.

Con todos los retos que esto ocasiona, sigo pensando que estamos ante una oportunidad histórica de poner en evidencia la podredumbre en la que han vivido nuestras instituciones y nuestra clase política. No perdamos de vista, entonces, el gran objetivo: que la sanción a los responsables permita que en el futuro sean muchos menos los que se atrevan a llenarse los bolsillos con los dineros públicos.

Por eso me parece una noticia extraordinaria que la jueza, los fiscales y los procuradores del Caso Lava Jato hayan coincidido en pagar a Odebrecht un saldo por la venta de su represa Chaglla (operación por la que le han retenido US$319 millones para diferentes pagos al Estado). Lo han hecho sabiendo que el pago era polémico y resistiendo presiones que, por el contrario, buscaban que se cayera el acuerdo de colaboración eficaz con la empresa. Múltiples voces en el Congreso disuelto han criticado el desembolso pensando en los beneficios que les traería el fin del acuerdo. Pero, además, los funcionarios han resistido a presiones públicas inesperadas. Nada menos que del presidente de la República, el presidente del Consejo de Ministros y el presidente del Poder Judicial.

El acuerdo se sostiene y ojalá se llegue a similares resultados con otras empresas brasileñas que hicieron lo mismo en el país.

Ha habido, por otro lado, malas noticias. La más importante: la justicia peruana es tan lenta que, sin haber todavía ninguna condena, ya empiezan a salir de prisión preventiva los acusados por el Caso Lava Jato. La reforma de la justicia tiene muchos desafíos, pero uno de los más importantes es evitar que los procesos se vuelvan eternos para el júbilo de los culpables y una infinita injusticia para los que fuesen inocentes (no tengo capacidad de emitir una opinión propia, pero he escuchado a muchas personas intachables sostener que al menos dos de los árbitros a los que se les ha dado 18 meses de prisión preventiva por haber vendido sus fallos a Odebrecht serían ajenos a esas prácticas).

No todo es Lava Jato, por supuesto. También es fundamental que se continúe con la estrategia de investigación de casos que han surgido fruto de investigaciones locales. Los Cuellos Blancos del Puerto, Los Intocables Ediles, Los Temerarios del Crimen y varios otros menos mediáticos, pero igualmente importantes, dan cuenta de que un trabajo muy especializado y profesional de la policía y el Ministerio Público, usando las herramientas de la ley contra el crimen organizado, puede dar enormes resultados. No por nada, como consecuencia de estas investigaciones, ya han sido sindicados un número importante de congresistas, alcaldes, jueces, fiscales, entre otros.

Todos estos logros son valiosos, es cierto, pero me atrevo a sostener en base a mi experiencia que solo se ha arañado la superficie de lo que se puede conseguir con esta forma de trabajo, si es que hay un real compromiso político para hacerlo. En la medida en que todas estas investigaciones se iniciaron antes de que el presidente Martín Vizcarra asumiera el gobierno, cabe preguntarse si se está continuando con la misma línea de trabajo; y, de ser el caso, si se hace bajo el principio de “caiga quien caiga”. ¡Ojalá sea así!

Un tema más. Me parece una barbaridad que dentro de las sanciones que piden los fiscales esté la disolución de partidos políticos. Lo han solicitado ya para el Partido Nacionalista y ahora está en el bolo Fuerza Popular. No tengo ninguna simpatía por alguno de ellos. Es más, me tomé en serio que no se debía escoger entre el cáncer y el sida.

Sin embargo, impedirles que participen en las elecciones (estas o las que siguen) me parece antidemocrático. Hay evidencias de que podrían llevar a la cárcel a los principales dirigentes de ambos partidos. Se puede sostener, incluso, que al interior de ellos actuaron organizaciones criminales. Pues que se sancione a las personas y se extirpe a las organizaciones criminales que actúan al interior de los partidos. Pero es solo el electorado el que debe decidir si esas corrientes de opinión van a tener representación política en nuestro país.