No quiero, no puedo, no sé, por Javier Díaz-Albertini

No es noticia que los peruanos tengamos serios problemas para obedecer las leyes, en todas sus formas y niveles. Son múltiples las encuestas y estudios en los que se nos pregunta si cumplimos con las normas e, invariablemente, cerca del 90% responde que “poco o nada”. Y no crean que nos sentimos contentos con tanta viveza criolla ya que, en esos mismos estudios, la gran mayoría considera que la falta de respeto a la ley es una de las características que impiden que alcancemos la ansiada modernidad.

Pero, ¿por qué ocurre este incumplimiento? Cuando nos encuestan, normalmente damos tres razones. No cumplimos por la falta de sanción (argumento “ley y orden”), la falta de recursos (argumento “supervivencia”) o la falta de conocimiento (argumento “ignorancia de la ley”). Es decir, vivimos entre los que no quieren, los que no pueden y los que no saben cumplir.

El peso que le damos a estas razones varía de acuerdo al nivel socioeconómico (NSE). En una investigación que realicé hace unos años, los NSE A y B tendían a respaldar la falta de “ley y orden” y exigían mano dura. Ello se reflejaba en la posición que tenían hacia los “informales”, especialmente los ambulantes. Mientras que los integrantes de los NSE D y E respaldaban con mayor frecuencia los argumentos de la supervivencia o el desconocimiento de la ley. Resultaba común escucharlos decir que infringir un poco la norma es “mejor que robar”, y también se oía el “déjenme trabajar”.

Es crucial reconocer estas distinciones, especialmente al momento de diseñar estrategias que buscan un estricto acatamiento de la norma, como ocurre con las medidas para frenar el avance del COVID-19. Por ejemplo, la represión y las sanciones son necesarias, especialmente en el caso de los que “no quieren respetar” las normas y continúan sin mascarillas u organizando reuniones sociales. Pero estas medidas están lejos de ser suficientes ante una población que trabaja en la informalidad y que lleva décadas en lo que Francisco Durand llama “el claroscuro entre la legalidad e ilegalidad”. Es decir, se ha normalizado que operen muchas veces ignorando medidas de seguridad (sean sanitarias o de otras índoles).

En estos casos, hay que hilar fino; algo difícil en medio de una emergencia, pero impostergable. Para lograr lo “fino”, por ejemplo, tenemos que deconstruir la misma informalidad; un término que sirve más para confundir y discriminar. ¿Qué estrategias de contención son necesarias y posibles en un universo de informalidad tan variado y que entrecruza a todos los sectores sociales?

Finalmente, desde hace mucho tiempo somos una sociedad fragmentada, con una sociedad civil debilitada, lo que obstaculiza una presión ciudadana concertada en torno al bien común.

Por estas dificultades, es evidente que, a corto plazo, resulta esencial trabajar la responsabilidad individual y ciudadana. Ello implica atacar el desconocimiento como razón detrás del incumplimiento y promover el autocuidado. Primero, colocando a cada uno como la persona más segura y confiable en la lucha contra la pandemia. El mensaje es claro: está en mis manos (y no en las de otros) combatir al virus. Y de ahí, un segundo paso, como ciudadanos: exigir que los demás –y especialmente las autoridades– nos apoyen en la tarea de cuidarnos a nosotros mismos porque, si todos lo hacemos, estaremos protegiendo a los demás.