Ilustración: Giovanni Tazza
Ilustración: Giovanni Tazza
Oswaldo MolinaFranco Calle

La eliminación de la de los alcaldes municipales y los gobernadores regionales en el Perú es un ejemplo de cómo las reformas con buenas intenciones pueden tener consecuencias inesperadas y negativas para la sociedad. Y, por ello, debemos considerar no solo los resultados inmediatos o visibles de cualquier reforma, sino también aquellas potenciales consecuencias menos obvias.

Para entender esto, primero debemos saber que el gasto público manejado por alcaldes municipales y gobernadores regionales representa un importante porcentaje del PBI del país, de alrededor del 10% (cerca de S/79 mil millones). Por su parte, la eliminación de la reelección inmediata, a través de su impacto en el comportamiento de los gestores públicos, ha tenido consecuencias sobre cómo se distribuye y se utiliza dicho gasto y, por lo tanto, en el bienestar de los ciudadanos.

Un estudio reciente (Calle 2023) ha revelado una preocupante tendencia en el gasto municipal en el Perú: los alcaldes eligen proyectos cerca de sus hogares en vez de seleccionar áreas que generen un mayor bienestar para los habitantes de su región. Analizando el universo de proyectos desde el 2009 hasta el 2019 y comparando aquellos propuestos en un radio de un kilómetro alrededor de las casas de los alcaldes con aquellos en zonas más alejadas, se ha observado que el porcentaje de proyectos cerca de las casas de los alcaldes se ha duplicado desde que se eliminó la reelección, mientras que en zonas alejadas se redujo a la mitad.

En otras palabras, desde la eliminación de la reelección inmediata, los habitantes en las zonas alejadas de las municipalidades (donde vive el 85% del Perú) han transferido aproximadamente S/8 mil millones en proyectos de inversión a zonas cercanas a los hogares de los alcaldes, solo beneficiando al 15% del país.

El desencadenante de este cambio de comportamiento fue la eliminación de la reelección inmediata, que desconectó a los alcaldes de las demandas de los ciudadanos. Los alcaldes, al no tener que preocuparse por el conjunto de los habitantes de su municipalidad que determinaban su potencial reelección, deciden invertir entonces en donde ellos prefieran. Esto tiene un impacto directo en el bienestar de los ciudadanos. Así, este estudio encuentra que en el sector agua y saneamiento rural, la conexión a la red de agua, el gasto en agua y la calidad del agua proporcionada por las empresas de servicios benefició solo al 12% de la población rural (a los vecinos de los alcaldes), debido a esta reasignación de recursos. Las familias cercanas de las casas de los alcaldes incrementaron en un 10% su cobertura de acceso a agua y redujeron dramáticamente en un 30% su provisión de agua sin ningún tipo de tratamiento. Sin embargo, el 88% restante se mantuvo en la misma situación que hace ocho años o empeoró.

Es importante destacar que esta situación no es culpa únicamente de los alcaldes, sino también de un sistema electoral que ha modificado los incentivos que enfrentan y que les permite tomar decisiones sin preocuparse por su futuro político. Sin incentivos políticos correctos, las brechas y la insatisfacción ciudadana seguirán aumentando, independientemente de los recursos disponibles.

En este punto, vale la pena preguntarse si este mismo patrón lo podemos ver en el Congreso a partir de la eliminación de la reelección inmediata de congresistas. La evidencia anecdótica nos muestra que en los últimos años el Congreso viene pasando leyes impopulares, como la eliminación de la Sunedu, que en primera instancia solo benefician a ciertos grupos específicos. Esto es esperable de políticos que saben que no se enfrentarán a la reelección y que, por lo tanto, no necesitan construir una reputación mediante las acciones que puedan tomar desde el Congreso.

Queda claro que es fundamental considerar cuidadosamente las consecuencias de las reformas antes de implementarlas. Y cuando pensamos en las consecuencias de las reformas, no podemos solo referirnos a aquellas evidentes a simple vista. Esta debe ser una lección a recordar hoy cuando volvemos a hablar de reformas necesarias para construir un mejor sistema político en nuestro país.

Oswaldo Molina es director ejecutivo de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes) y Franco Calle es PhD (c) Universidad de Chicago e investigador afiliado de Pulso PUCP