Diego Macera

La elección de (Avanza País) como presidente del Congreso de la República supone una nueva oportunidad para el de reconstruir su relación con la ciudadanía, tan desgastada en los últimos meses. El cambio de cabeza de la Mesa Directiva y de las comisiones recientemente instaladas quizá puedan ser también ocasión para empezar a modificar una de las creencias más perniciosas cimentadas en el Congreso: aquella que dicta que más son mejor que menos.

El origen de esta creencia antecede, por supuesto, al actual Congreso. Según informa la Dirección General Parlamentaria, entre las funciones del Parlamento están la representación de la nación, el control político y la “dación de leyes”. Nótese, de entrada, el sesgo hacia la producción de más carga legislativa, cuando en realidad la orientación debería estar en ordenar el marco legal de modo que haga posible el progreso de la ciudadanía en libertad. En ese sentido, tener más leyes o menos leyes es, de cierto modo, irrelevante; lo importante es que el marco legislativo funcione.

Por supuesto, esto no es lo que se ha entendido. En los últimos 10 años, el país ha tenido más de 1.600 leyes, resoluciones legislativas y decretos ley, lo que significa que –por una década– el Perú ha soportado una normativa nueva de alto nivel cada día y medio hábil. De acuerdo con la Comisión Encargada del Ordenamiento Legislativo (Cemol), en el Perú se encuentran vigentes cerca de 600.000 normas de distinto rango, de modo que el Estado Peruano produce una norma cada seis minutos. Para agravar el tema, no es inusual que varias de esas nuevas piezas jurídicas interfieran o deroguen implícitamente parte de normas anteriores, pero nadie sabe cuáles son. A pesar de los esfuerzos de la Cemol, es imposible seguirles el ritmo a autoridades con una voluntad desmedida por regular.

La mano no viene ahora mucho mejor. Solo en los últimos tres meses se han presentado 717 nuevos proyectos de ley en el Congreso. El 92% de ellos son creación de congresistas, y algunos pocos tienen como autores al Ejecutivo, los colegios profesionales y otras entidades con iniciativa legislativa. En el Ejecutivo mismo, el anteproyecto del Código del Trabajo contenía 440 artículos que se interpretaban en conjunto con las 1.838 páginas del Compendio de Normas Laborales del Régimen Privado, del Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo.

El Perú no necesita más leyes y normativas; necesita un mejor marco legal. Esfuerzos para implementar una oficina independiente de análisis de calidad regulatoria dentro del Congreso, por ejemplo, serían un paso en la dirección correcta. Mientras eso no suceda, las expectativas sobre lo que constituye un buen trabajo parlamentario deben dejar de basarse en quién empuja más normas. Es muy posible que el congresista que trascurrió su período legislativo informándose diligentemente sobre el sentido que debían tener sus votos, sin presentar una sola iniciativa legislativa, haya hecho más por el país que su prolífico colega con varios proyectos presentados con improvisación.

Mientras fortalece sus funciones de control político, con el cambio en la presidencia y en las comisiones, el Congreso puede volver a poner sobre la mesa la importancia de limpiar su cancha antes de seguir abonando la jungla legislativa. El esfuerzo es menos vistoso –y más tedioso– que crear nuevos proyectos de ley, pero de ninguna manera menos relevante. Quién sabe, quizá los seguidores de Marie Kondo dentro del Palacio Legislativo puedan incluso encontrar satisfacción en la labor, pues “la mejor manera de identificar lo que necesitamos es deshacernos de lo que no requerimos”.

Diego Macera es gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE)

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