A los notarios, con cariño, por Alfredo Bullard

Hace cerca de un año publiqué un artículo en esta misma página. Recordaba un relato de Frédéric Bastiat escrito en Francia en el siglo XIX. El gremio de fabricantes de velas exigía al gobierno la adopción de medidas contra la perversa competencia de un proveedor de luz que la producía en volumen descomunal a un precio con el que no era posible competir: el sol. Dado el impacto que tenía en sus ventas, solicitaban una ley que ordenara que en toda casa y edificio se tapiaran las ventanas, claraboyas, tragaluces y similares a fin de evitar la competencia desleal.

En España, hace pocos años atrás, el gremio de abogados consiguió una regulación que impidiera a los abogados tener oficinas con puerta a la calle. Si querías tener un estudio de abogados, debías comprar o rentar oficinas en el interior de los edificios. ¿La razón? El prestigio y dignidad de la profesión no admitía que los abogados se instalen como tenderos o bodegueros, en pequeños locales. Al menos esa es la razón declarada. La verdadera era proteger de la competencia a los estudios de abogados grandes y establecidos, evitando que abogados independientes, sin recursos para alquilar o comprar oficinas sofisticadas, pudieran encontrar la oportunidad de establecerse a bajo costo.

El mercantilismo es, desde el punto de vista económico, una forma de robo. En lugar de ofrecerle al consumidor mejores servicios a precios competitivos, prefieres ir al funcionario público para, mediante lobby, tráfico de influencias o corrupción, conseguir medidas gubernamentales que limiten la competencia. La nefasta complicidad entre los mercas y el Estado generan, en los hechos, precios más altos. Y ello genera una reducción en la cantidad producida de un bien o servicio porque varios no podrán pagarlo. Dichas medidas permiten al proveedor meterle la mano al bolsillo del consumidor para sacarle más dinero que el que podría en un mercado competitivo. Y es que no hay peor monopolio que el legal: la ley puede matar la competencia.

Es asombroso que, a pesar de lo obviamente perverso que es el mercantilismo, este prospere con tanta impunidad.

Y ningún caso de mercantilismo es tan brutalmente grosero como el de los notarios. Esos señores usan una formula común a todos los mercantilistas desde épocas anteriores a Bastiat: se autoproclaman como una actividad especial. No son “como cualquier otra actividad económica”. Ello abre a un sinnúmero de argumentos que en realidad son excusas: la protección de la industria nacional, la dignidad de la profesión, la particularidad económica de la actividad, el que los competidores potenciales (como el sol) son demasiado poderosos.

Los notarios no son la excepción. Han conseguido que la ley cree barreras de entrada a su mercado. El número de notarios es limitado y el proceso de admisión es tan complejo que excluye una competencia efectiva. E incluso, con toda esa protección, acuden, como ha ocurrido hace unos días, a acciones judiciales para impedir que lo poco que puede entrar entre y se suspendan los concursos para cubrir nuevas plazas. Mercantilismo puro y de la peor especie.

Lo cierto es que la seguridad jurídica no depende del número de los notarios, sino de la calidad de los servicios que dan. Como en toda actividad, cumplir con la ley depende de un adecuado sistema de sanciones y de cumplimiento de la ley. Por el contrario, una seguridad jurídica no competitiva solo eleva los precios de esta, y hace que menos peruanos puedan acceder a sus beneficios. Finalmente, los notarios no solo nos meten la mano al bolsillo para sacar más dinero por sus servicios, sino que reducen el volumen de seguridad jurídica impidiendo, en especial a los peruanos más pobres, el derecho a acceder a ella.