Nuestro gran reto, por Juan José Garrido Koechlin

Tal vez el resultado más importante del proyecto Perú 2050 de El Comercio sea el haber identificado la necesidad de establecer consensos que nos permitan realizar reformas ante los cambios venideros.

Como es sabido, los avances tecnológicos, el cambio demográfico y los cambios medioambientales propiciarán una nueva etapa de ‘desconvergencia’ entre los países desarrollados (cercanos a la frontera tecnológica) y aquellos que no transformen sus estructuras en línea con la nueva economía.

Las soluciones pasan por la capacidad que exhiban nuestros líderes para establecer consensos. Léase: acuerdos que permitan instituir un listado (mínimo o máximo) de reformas prioritarias de cara al futuro.

Si en verdad aspiramos a converger con las economías desarrolladas, es trascendental que se entiendan, y se promuevan, dos puntos claves: el primero es el de asumir que dichas reformas deriven de un acuerdo y no –como esperan algunos– forzadas por un autócrata, o guiadas por las ambiciones de algunos buscadores de rentas. El segundo es que dichos consensos se produzcan a nivel político; a diferencia de las reformas de primer piso, diseñadas e impulsadas por tecnócratas (apoyadas por el poder político), las de segunda generación requieren, sobre todo, del empeño de los políticos. Estos representan a los ciudadanos y están llamados a cumplir el deber legislativo y ejecutivo.

Aun cuando es la clase política la llamada a identificar, establecer y poner en práctica dichos acuerdos, el resto de la sociedad civil cumple un papel fundamental en esta operación. Dichos acuerdos requieren del apoyo de la ciudadanía y de las élites económicas y sociales en diferentes espacios y niveles. Sin este sostén, los incentivos para la búsqueda de acuerdos se reducen significativamente.

El reto se presenta, entonces, como de enorme complejidad. La polarización política y sus posturas, los actores y sus coaliciones, los intereses y costos incurridos, las posiciones personales, dentro de un largo etcétera, hacen que la tarea de lograr un acuerdo sea en extremo ambiciosa. No por ello, sin embargo, debemos perder las esperanzas. En el Perú existen consensos alrededor de temas sensibles y disputables. Por ejemplo, hay un amplio consenso en la ciudadanía a favor de la lucha contra la corrupción. Sin precisar qué entendemos por esta o quiénes incurren en ella, la problemática lidera los estudios de opinión pública, sea al examinar la aprobación de autoridades, intención de voto, preocupación ciudadana, entre otros.

Existe otro notable consenso alrededor de las políticas económicas vigentes, en el sentido amplio. La ciudadanía puede desconocer los debates ideológicos, pero reconoce la importancia de una economía estable, donde la moneda no pierda valor y los mercados funcionen sin escasez, límites de compra o precios hipersubsidiados. Sin importar si es neoliberalismo o socialismo, lo relevante es que se mantenga la demanda por mano de obra calificada, mejore la infraestructura y mejore la calidad de vida.

Es imperativo establecer nuevos consensos, alineados a las necesidades de las próximas generaciones: calidad educativa, mercado laboral, base tributaria y formalización, libertades individuales, entre otros. Aprovechemos estas elecciones para identificar políticos con dicho interés e iniciativa. El Perú necesita líderes con la capacidad de proyectarse y, sobre todo, de asumir retos comunes.