Nueva agenda, viejos temas

Cómo será de dura nuestra realidad política que, en el mensaje a la nación del 31 de diciembre del año que pasó, la mandataria Dina Boluarte subrayó como logro que, luego de un año en la presidencia, no tiene ninguna carpeta fiscal abierta por corrupción, “prueba clara de su honestidad” (sic).

Con el semblante relajado, la presidenta intenta vendernos una realidad maquillada con palabras cliché y nos invita a olvidar la investigación de la que es objeto por presunto homicidio. A pesar del fuego cruzado y cabezas rodadas en el Ministerio Público, que exista una denuncia constitucional contra la mandataria es un hecho gravísimo, pero para los peruanos acostumbrados a expresidentes encarcelados es un matiz en la dolorosa y constante crisis de esta débil institucionalidad.

Ha prometido la presidenta –intentando conectar con la preocupación de millones de peruanos– que en el 2024 enfocará sus esfuerzos en el impulso a la economía y la lucha contra la delincuencia y la criminalidad. ¿Significa eso un cambio en el titular del Ministerio de Economía por un actor que renueve la credibilidad en el sector y que sea certero con las cifras y las expectativas? La última jugada del MEF para cumplir con la regla fiscal adelantando utilidades del Banco de la Nación al Tesoro Público ha mellado aún más la imagen de Alex Contreras. ¿Cuál es la meta y la apuesta del Gobierno en materia económica para el 2024? “Hechos y no palabras” ha dicho la presidenta, pero hasta el momento solo es lo segundo.

En cuanto a la delincuencia, hace unos días la presidenta dejó claro –con malestar– ante la prensa que no existe ningún “plan Boluarte” para luchar contra la criminalidad y el primer ministro Alberto Otárola ha rectificado cambiando el nombre a Plan Integral de Seguridad Ciudadana. La primera denominación apuntaba, sin duda, a un éxito, pero la realidad ha estrellado la pompa de un plan cuyos resultados no se perciben en la ciudadanía. Por ello, Otárola ha abierto un frente, que no dista de la realidad, pero nos lleva hacia una nueva narrativa. En la última entrevista del 2023 en RPP ha dicho que “este año no hemos tenido respuesta de la fiscalía o el Poder Judicial”. Es decir, que los operadores de justicia no han dado la talla.

¿Es consciente la mano derecha de Dina Boluarte de que, con sus declaraciones, contribuye a la construcción de un momentum para las intenciones del fujimorismo de crear una comisión multipartidaria para realizar cambios en la Junta Nacional de Justicia, el Poder Judicial y el Ministerio Público? El Congreso pretende, a través de una moción, proponer una reforma integral del sistema de justicia –necesaria, sin duda– pero con políticos, partidos y parlamentarios sometidos a investigaciones, juicios y hasta condenas, es altamente cuestionable el objetivo. Terminados los brindis, los mensajes de unidad y parabienes, se impone una agenda de viejos temas.