Las nuevas cajas de indios, por Roxanne Cheesman

El desvío de fondos recaudados con un fin específico hacia otros destinos es una costumbre que se remonta a los años virreinales.

Por ejemplo, en 1608 se creó la Caja de Censos de Indios, con la contribución forzosa de los indígenas, que sería administrada por las Cajas Reales de cada audiencia y cuyas ganancias debían destinarse a socorrer “las urgencias y calamidades” de esa “población desfavorecida”. Pablo Pérez Mallaína, en “Retrato de una ciudad en crisis” (2001), prueba que esa no fue la realidad: un informe del Cobrador de la Caja de Censos de Lima señalaba, en 1757, que se habían invertido 400 mil pesos, que generaban 14 mil pesos de intereses cada año. Mas, a pesar de las necesidades de los indios pobres de Lima, solo se gastaron 10 mil pesos y de ellos, 1.000  para ayudarlos y 9.000 como salario para los funcionarios, consejeros y sacerdotes “expertos” en los trabajos vinculados a los indios. Hoy, miles de contratos por asesorías, supervisiones u ONG mantienen tal costumbre y, a veces, sus sueldos se duplican.

Pero el mayor saqueo privado de la Caja de Censos ocurrió tras el terremoto de 1746, que destruyó casas, hospitales, iglesias y conventos de Lima. Para reconstruir sus propiedades, connotados aristócratas obtuvieron préstamos de la institución gracias a la amistad con sus funcionarios y evadiendo el mecanismo de subasta pública que por ley debía seguirse. En 1749, en vez de reconstruir el hospital de indios Santa Ana, la caja aprobó prestar 40 mil pesos para la edificación de la casa y hacienda de un noble con fama de dilapidador: Juan José de Cevallos Rivera, conde de Santa Ana de las Torres, Marqués de Casares, caballero de Calatrava y mayordomo del rey. El préstamo no se desembolsó por oposición del oidor José Bravo de Rivera, que estuvo ausente el día de la aprobación. Tras la queja del noble, el consejo rebajó el préstamo a 16 mil pesos, y este también se frustró por una nueva intervención de Bravo.

Pero Cevallos llegó hasta el rey y consiguió sus 16 mil pesos en 1757. Además demostró, por escrito, que la oposición de Bravo no había sido para proteger a los indios sino para favorecer a sus allegados: 20 mil pesos a su socio y asesor del virrey Antonio de Boza, 16.000 pesos a su compadre Gregorio de Villalta y 8.000 condonados a Teresa de Castilla, tía de un cuñado de Bravo. Ahora, la contraloría denuncia que amigos del presidente de la Caja Metropolitana de Lima tienen millonarios créditos y sus familiares viven cómodamente contratados.

Pero según otro informe del Fiscal del Crimen de la Caja de Censps, el Estado también se benefició con el dinero de los indios, adeudándoles un millón y medio de pesos de principal y un millón doscientos mil por los intereses. Y aunque el virrey Manso reconoció en carta al rey que los indios “han corrido desigual fortuna” en la concesión de esos recursos, negó el pago pues ello “consumiría gran parte de la Real Hacienda postergando otras urgencias y obligaciones”. ¿Algo idéntico a los recursos del Fonavi jamás devueltos? ¿Y la aportación obligatoria de los trabajadores independientes menores de 40 años?  Son las Nuevas Cajas de Indios y “toda coincidencia es la pura verdad”.