Alrededor de un tercio de los peruanos están insatisfechos con el actual modelo económico. Los defensores del sistema confían en que paulatinamente el mercado irá haciendo su trabajo. Invocan paciencia. El espectro del capitalismo recorrerá cada rincón del Perú profundo y al final todos nos integraremos. Así, los potenciales votantes de neovelasquistas, pos-chavistas o antisistemas serán cada vez menos. Desaparecerán. Habremos triunfado, nos dicen.
Mientras confiamos en domesticar al “perro del hortelano” (García dixit), un nuevo insatisfecho (potencial electoral antisistema) surge en el horizonte. Ya no se trata del peruano sureño radical, convencido por izquierdistas cavernarios de revertir el orden político, sino que el nuevo antisistema surge donde más le duele al ‘establishment’: en aquellas zonas consolidadas económicamente; en Lima, el sólido norte y las desarrolladas urbes peruanas.
La inseguridad es el principal problema del país, según estudios de opinión. De hecho, es causa de desaprobación del gobierno de Ollanta Humala. Las cifras son paupérrimas. El 89% de peruanos se siente inseguro cuando sale a la calle y el 51% en sus propias casas (Ipsos Perú). La delincuencia común y la organizada son identificadas como las modalidades más frecuentes de violencia en nuestra sociedad.
Si bien es cierto que la inseguridad es un problema transversal a la sociedad, cobra mayor magnitud en clases medias en crecimiento. El mundo informal agudiza la precariedad y hace más vulnerables a los ciudadanos que han iniciado un proceso de acumulación de capitales que los saca de la pobreza, pero no para siempre. Es tan frágil esa “bonanza” que ser víctima de un robo significativo vuelve al emergente en sumergido.
El Estado es incapaz de lidiar con esta realidad y fracasa en su obligación elemental de proteger al ciudadano. El gobierno de Humala –repleto de tecnócratas ‘jet set’– deambula en materia de orden y seguridad. Sin reformas estatales que mostrar, pasará a la historia por dejarnos un problema que crece en magnitudes. En sus años de gestión se consolida este nuevo antisistema: disconforme con la política. Este elector –que no le debe nada de lo ganado al Estado– consiguió lo que tiene a costa de sufrir las inclemencias del mercado. La inacción estatal arriesga su precario peculio.
La desafección política por la inseguridad favorece un comportamiento electoral díscolo con el ‘establishment’. Sobre todo porque, si bien es cierto que las diferentes tiendas políticas reconocen la gravedad del ‘issue’, nadie propone políticas públicas para resolverlo. Así como la economía ha sido referente para ubicar programáticamente alternativas políticas (“cambio responsable”, “hoja de ruta”), la seguridad será objeto de alineamiento político en los próximos años.
¿Pero sabe usted cómo sus candidatos favoritos –PPK y Acurio– solucionarían la criminalidad? ¿García ofrecería pena de muerte para sicarios? ¿Keiko Fujimori invocaría la mano dura de la lucha antiterrorista que tantos “costos sociales” cobró? Si no se aborda con seriedad, el nuevo elector antisistema (hijo del crecimiento e informalidad, hecho a imagen y semejanza del capitalismo-La Parada) elegirá a quien menos conviene para el futuro del país.