Orfandades, por Patricia del Río

Huérfanos. La palabra podría definir perfectamente a los peruanos luego de 102 días de uno de los gobiernos más caóticos de nuestra historia. Sin líneas programáticas claras, sin cuadros competentes y sin un presidente que entienda para qué fue elegido, el autodenominado “Gobierno del pueblo” es un espectáculo vergonzante de lo que ocurre cuando la improvisación y el radicalismo toman el poder. Frente a un mandatario que no hace nada no hay mucho más qué decir, así que mejor dedicamos este espacio para prestarles atención a otros huérfanos. A aquellos cuyo abandono es producto de una pandemia brutal. Nos referimos a esos niños a los que el COVID-19 les arrebató a su padre, a su madre o a algún cuidador que se encargaba de ellos.

Las proyecciones ya existen y, como es costumbre, nuestro país vuelve a batir récords en desgracias. En abril de este año, durante el gobierno del presidente Sagasti, el Estado determinó que se entregaría un bono de 200 soles a aquellas familias, con niños, que hubieran perdido a alguno de sus padres durante la pandemia. El cálculo oficial arrojaba que 10.900 niños necesitarían de este apoyo. Cuando se sinceraron las cifras de fallecidos, el número subió a 34 mil.

Pero en un reciente estudio global, en el que se comparan los países más azotados por el COVID-19 del mundo, la proyección es espeluznante: en el Perú habría más de 98 mil niños que se quedaron sin padre, madre o alguien que se encargaba de sus cuidados. El número de huérfanos es mucho más abultado porque el completo estudio publicado en la revista “The Lancet” propone incluir a los abuelos, o algún otro cuidador, cuya pérdida tuviera impacto de manera relevante en la crianza de los niños. En países como el nuestro, en el que más del 15% de los hogares está sostenido por mujeres solas, la pérdida de un abuelo o tía puede significar un vacío enorme de llenar.

Tal como lo señala un informe del portal “Salud con lupa”, la realidad es abrumadora. El plan que se diseñó para que el Estado amparara de alguna forma a estos niños se hizo sobre la base de datos incompletos. Si tomamos el informe global publicado en “The Lancet” como referente descubrimos que se asignó un presupuesto para subsidiar a un número de huérfanos diez veces menor que el real.

Hasta el momento se ha continuado con la entrega de bonos por orfandad que creó el gobierno anterior. Son aproximadamente 12 mil niños los beneficiados. El presupuesto para este sector también se ha incrementado. Todas estas serían buenas noticias si es que no comparáramos la precariedad de la respuesta con la magnitud del problema. Actualmente el Perú es el país con la tasa más alta de huérfanos por COVID-19, seguido de Sudáfrica que tiene casi la mitad. Uno de cada 100 niños peruanos necesita asistencia y no solo no los tenemos focalizados y ubicados, sino que los doscientos soles que debería recibir cada familia están a punto de convertirse en una propina gracias a la inflación y al alza del dólar.

Los huérfanos del COVID-19 son niños a los que se les murió alguien que se hacía cargo de ellos. Alguien importante que se asfixió en algún pasillo de hospital sin que pudieran despedirse. Muchos pasan horas en sus casas, solos, porque ni siquiera se les permite asistir a la escuela. Los mecanismos naturales de contención de la sociedad: los amigos, el calor de la familia extendida, la colaboración de maestros y compañeros no existen en esta suerte de islas con único náufrago en las que se han convertido sus viviendas.

La situación es compleja, terrible, y cuando estamos ante gobiernos ineficientes los que más sufren son los que necesitan más asistencia del Estado. Angustia pensar que el futuro tan frágil de niños vulnerables está en manos de gente tan poco preparada. Aterra, en realidad.