País riesgo

Como peruano, siempre he encontrado útil la expresión “riesgo país” para explicarme mucho de lo que veo pasar o me pasa. Con el tiempo, me he dado cuenta de que, en realidad, la uso como si estuviera escrita al revés, para referirme a una sociedad donde nada está realmente garantizado y donde todo está constantemente en riesgo. Es decir, a un país riesgo. El único tipo de país que puede existir ahí donde las instituciones que sirven para hacer valer la ley están rotas.

Ejemplos de cómo esto es así ocurren diariamente y el mundo del arbitraje está hoy viviendo uno: Fernando Cantuarias y Mario Castillo, dos profesionales que conozco y que (al igual que el grueso de la comunidad arbitral) siempre he considerado personas decentes, están siendo atropellados por estas instituciones (lo mismo, me dicen, que Franz Kundmuller, cuyo caso no he seguido pero sobre cuya probidad existe también amplio consenso).

No es por su fama de decentes que afirmo esto. Tengo claro que, habidos los necesarios indicios, nadie debe estar blindado de investigaciones por su fama. Digo que están siendo atropellados por los argumentos con los que la fiscalía los viene acusando y por los que han recibido prisión preventiva.

Un ejemplo. La clave fiscal para sostener de dónde salió el supuesto soborno de Cantuarias es esta: el honorario que le pagaron las partes del arbitraje es mayor al que resulta de aplicar la tabla de honorarios arbitrales de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) al monto que Cantuarias concedió al demandante en su decisión final. La diferencia, concluyen nuestros fiscales, sería el soborno. Se saltan así con garrocha un hecho elemental: los árbitros cobran sobre la base de los montos que se demandan en sus procesos, no sobre lo que conceden al final de ellos. Es, pues, a los primeros que se aplica la tabla CCL. Y, por lo demás, este no era un arbitraje de la CCL…

En el caso de Castillo, por otra parte, la fiscalía calcula los que piensa tendrían que haber sido sus honorarios sobre la base del monto que la parte demandante solicitaba en su petición de inicio de arbitraje (que es anterior a la demanda). Pero Castillo cobró no sobre esa base, sino sobre el monto que, como acabamos de decir, se toma en cuenta en el mercado arbitral: el monto que se pidió en la demanda. Y como este monto fue mayor al de la petición de inicio, la fiscalía dice haber encontrado la coima en la diferencia.

No es que nuestros fiscales muestren un diferente criterio sobre cómo se deben calcular los honorarios de un árbitro en cada caso; están, más bien, dejando claro que han aplicado a ambos un único criterio: encontrar donde sea una diferencia a la que llamar “coima”. Han sido coherentes. En los dos casos han razonado con su conclusión por delante.

Bajo este tipo de argumentos, y usando esa liberalidad tan asombrosa con la que nuestro Poder Judicial reparte prisiones preventivas, Cantuarias y Castillo han sido condenados a 18 meses de cárcel mientras se los procesa.

Como estos profesionales han “caído” dentro de un esfuerzo más grande que ha llevado a encarcelar a muchos otros árbitros sobre los que sí parecen pesar evidencias contundentes, cabe pensar que nuestros jueces y fiscales creen que pueden cumplir su labor con una escopeta de perdigones: disparando esas “nubes” de municiones que se llevan, sin diferenciar, todo lo que tengan al frente. Puede que para efectos del aplauso público sea un método exitoso: se ven caer a montones de delincuentes. Pero para efectos de la justicia y de los mensajes que se envían a la sociedad, es lo contrario. Si el sistema de justicia dispara con “nubes”, nadie tiene cómo saber cuándo podrá ser víctima suya y, en consecuencia, los comportamientos se distorsionan. Luego de estas sentencias, por ejemplo, los mejores abogados se la pensarán muchísimo antes de aceptar arbitrajes que involucren a nuestro Estado.

Es difícil exagerar el precio que tiene el problema de nuestro sistema de justicia para el Perú. Cuando no se sabe si la ley y sus garantías valen, los que quieren actuar bien tienen que tener más cuidado, y los que quieren actuar mal, pueden atreverse a más. Una sociedad con los incentivos al revés.

Esto es, por cierto, lo que hace tan especialmente lamentable que el gobierno de Martín Vizcarra haya usado la reforma judicial como una forma más de despliegue pirotécnico para ganar apoyo popular y avanzar contra sus adversarios: estuvo en situación de hacer un cambio histórico en lo que, sin duda, es nuestro problema madre. El problema que hoy está triturando a las personas que he nombrado y el que no estamos libres de vivir cualquier día con similar intensidad todos los que habitamos dentro del alcance de esa ruleta rusa conocida, con elegante eufemismo, como “jurisdicción peruana”.