La paradoja peruana, por Alfredo Torres

Desde hace más de una década el Perú sorprende por el contraste entre sus notables resultados económicos y la impopularidad de sus gobernantes. En la época de Toledo se decía que poco faltaba para que la tasa de crecimiento del PBI fuese mayor a la aprobación presidencial. Alan García logró una espectacular tasa de crecimiento cercana al 9% el 2010 y, sin embargo, su gestión ese año fue desaprobada por dos de cada tres peruanos. Se decía entonces que la economía podía crecer al margen de lo que ocurriese en la política, hasta que llegaban las elecciones presidenciales y volvía el pánico de que ganase un candidato antisistema.

Con el tiempo, se fue adquiriendo conciencia de que este divorcio entre la política y la economía era insostenible. Hace un año, por ejemplo, Roberto Abusada escribió en estas páginas que las fallas institucionales y las ambigüedades en la conducción política del presidente Humala frenarían el crecimiento. La semana pasada, “The Economist” comparó al Perú con el modelo de Gobierno Italiano y advirtió que si el sistema político no es capaz de actuar en el beneficio del largo plazo de la mayoría, termina contaminando la economía con sus fallas. Y que si el flujo de dinero empieza a secarse, un sistema político desacreditado será incapaz de amortiguar y canalizar el descontento popular.

Las temidas consecuencias del divorcio entre la política y la economía ya se están empezando a sentir. La confianza empresarial está declinando no tanto porque se dude del compromiso de Humala con los grandes lineamientos macroeconómicos del modelo sino por su falta de liderazgo en combatir la proliferación de trámites interminables y sobrecargas regulatorias que encarecen la actividad económica formal.

Por el lado de la opinión pública, la pérdida de confianza en el liderazgo presidencial se origina en la inseguridad ciudadana. Hoy no cabe duda de que el desarrollo del país está amenazado por la delincuencia en todas sus modalidades: narcotráfico, minería ilegal, sicariato, invasiones, extorsión, pandillas y asaltos callejeros a lo cual se suman los remanentes del terrorismo y de las rondas campesinas armadas. La gravedad de estas plagas –que son más de siete– se incrementa por la creciente corrupción que afecta a los organismos encargados de enfrentar el delito: la policía, la fiscalía y el Poder Judicial. 

A estos males se suma el desmadre institucional. La apresurada regionalización promulgada por Toledo y no corregida por García ha generado un conjunto de entes subnacionales que desconocen la autoridad del gobierno nacional –como en Cajamarca– o crean feudos donde campea la violencia –como en Áncash– y los distintos líderes políticos se muestran renuentes a plantear una reforma significativa del modelo de regionalización. Ya está claro que la abundancia de recursos en algunas regiones ha generado incentivos perversos para la captura del poder. Lo menos que podría hacer el Congreso para frenar esta ambición desmedida es prohibir la reelección inmediata de los presidentes regionales.

El renombrado politólogo estadounidense Francis Fukuyama declaró recientemente que en América Latina se requieren estados fuertes, pero no en el sentido tradicional de intervencionismo económico sino en su capacidad de “reafirmar el Estado de derecho, aplicar las leyes, garantizar la seguridad jurídica y proveer servicios básicos como educación, salud o infraestructura”. Sin duda es una tarea que está pendiente en el Perú. La ley del servicio civil puede ayudar a mejorar la eficiencia en los sectores productivos y sociales pero mientras no se produzca una gran transformación en el sistema de seguridad interna, el Estado seguirá siendo débil. Como dice Julio Cotler, “el Estado primero es seguridad. El Estado que no garantiza la seguridad, no es tal”.

Ahora que el Perú ya cerró todas sus fronteras, es evidente que se requiere un cambio de prioridades en materia de seguridad desde el ámbito externo hacia el ámbito interno. Sería absurdo, por ejemplo, comprar aviones de guerra en el actual contexto internacional. En cambio, la población sigue esperando el cumplimiento de la gran promesa electoral de Humala que fue recuperar la seguridad ciudadana. 

El otro frente en que debería empeñarse el gobierno es en el crecimiento de la economía formal. En la medida en que se reduzcan los costos de la formalidad –eliminando trabas y regulaciones excesivas– se estará no solo promoviendo la inversión y el empleo sino que se estará reduciendo la cultura de la informalidad y la falta de respeto a la ley, que es el caldo de cultivo de la delincuencia y la corrupción.