La situación de la ex fiscal de la Nación continúa complicándose con el paso de los días. A la revelación de que su otrora asesor –quien en sus coordinaciones con los congresistas se ufanaba de ser el “único autorizado para hablar” en nombre de ella– había decidido acogerse a la colaboración eficaz, le siguió la confirmación de su suspensión por seis meses como titular del Ministerio Público. Y a esta última, la noticia de que Villanueva había empezado a contar ante las autoridades la extensión y profundidad de la red que él tejió por pedido de su exjefa.

Al día de hoy, los indicios contra la señora Benavides son tantos y tan sugerentes que resulta difícil darle el beneficio de la duda. La magistrada, sin embargo, no se amilana y esta semana ha optado por recurrir a una estratagema de defensa tan vieja como manida: responsabilizar por su situación actual a unas fuerzas oscuras, tan pero tan oscuras que ni ella misma puede identificar con precisión.

“Cuando ya se rumoreaba por los pasillos que estamos con las investigaciones sobre las protestas sociales, donde no debe quedar impune la muerte de ningún peruano, nuevamente se activa este canal en contra de mi persona y es ahí donde deciden sacarme del sistema de justicia”, a la que asistió para responder las preguntas de los parlamentarios sobre la operación Valkiria V; aquella que la ubica como jefa de una presunta organización criminal. Su comentario, como es evidente, era un señalamiento directo al gobierno de Dina Boluarte y ubicaba en las investigaciones contra ella y el jefe del Gabinete, Alberto Otárola, por las muertes ocurridas en las protestas de finales del año pasado y de inicios de este el origen de sus vicisitudes. Pero cuando algunos congresistas le pidieron que facilitara los nombres de quienes estarían detrás de este complot en su contra, la suspendida fiscal se negó a darlos. “Yo no estoy refiriendo a personas directamente, […] es un complot donde debe haber fuerzas oscuras”, retrucó, para luego añadir: “¿Por qué la incomodidad hacia mi persona? ¿Porque no les gusta que las investigaciones concluyan rápidamente?”.

No deja de llamarme la atención que una persona que lleva tantos años trabajando como fiscal –28, según refirió ella misma en la citada sesión– y que conoce la importancia de aportar pruebas en cualquier proceso pueda lanzar acusaciones tan ligeras e imprecisas. Pero más aún que estas terminen siendo un calco de las que solía lanzar Pedro Castillo, como aquella de setiembre del 2022, cuando para defenderse del avance de las investigaciones que justamente Benavides venía dirigiendo contra su entorno más cercano, anunció: “Vemos cómo las fuerzas oscuras quieren impedir y obstaculizar el verdadero desarrollo que merecemos todos los peruanos”. Es cierto que el recurso de “las fuerzas oscuras” no es novedoso en nuestro país y que también se suele usar en el extranjero, pero quizás ha llegado el momento de que los ciudadanos comencemos a exigirles a nuestras autoridades que sean más precisas al momento de formular este tipo de aseveraciones. Que no pretendan vernos las caras de tontos hablando de supuestas “metidas de mano”, “conspiraciones”, “pactos” o “conjuras” si luego no van a ser capaces de dar nombres o cuando menos alguna evidencia que sustente sus afirmaciones.

Por lo demás, debo decir que no es verdad aquello de que Patricia Benavides fue una fiscal de la Nación diligente. Este Diario ha demostrado, por ejemplo, que las investigaciones contra Pedro Castillo que ella abrió están empantanadas, incluida la del golpe de Estado, que según distintos especialistas ya tendría que haber pasado a juicio. Y el hecho de que quiera convencernos de que se detuvo a sus asesores solamente porque ella se aprestaba a denunciar ante el Parlamento a la mandataria suena tan artificioso como cuando Martín Vizcarra trató de justificar que su gobierno no compró una sola vacuna contra el COVID-19 porque justo cuando iba a cerrar esa operación, se declaró su vacancia...

Lo paradójico de todo este episodio es que sí existen evidencias de otra conjura, una que involucra a un grupo de funcionarios a los que podemos identificar con nombres, apellidos y cargos, y a un sector del Congreso todavía por determinar que comprometieron sus votos a favor de una serie de mociones que de alguna u otra manera beneficiaban a Patricia Benavides. Pero esa, me temo, es una conjura de la que ella no quiere oír.

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