Lima, irresponsabilidad mundial

Durante la campaña para ser elegido alcalde de Lima, Rafael López Aliaga no se cansó de prometer que anularía los peajes. Seguro muchos de los que lo apoyaron confiaban en que este anuncio era necesario para atraer más votos en los sectores populares, pero que no se haría realidad. Total, ¿no es López Aliaga accionista de Perú Rail, operador de una importante concesión como la del Ferrocarril del Sur y Sur Oriente? ¿Cómo podría ser “Lima, potencia mundial” si el alcalde espanta a la inversión privada necesaria para ejecutar proyectos de infraestructura sin depender solo del presupuesto del Estado?

Esa última pregunta va a tener que ser respondida pronto por la comuna, dado que este jueves por la tarde el Concejo Metropolitano de Lima, en una sesión extraordinaria convocada el día anterior por López Aliaga, aprobó cancelar unilateralmente el contrato de concesión con Rutas de Lima.

El alcalde dijo que se buscaba “sacar a Odebrecht de esta municipalidad”, pese a que la brasileña ha vendido ya todas las acciones que le permite el contrato a la canadiense Brookfield, actual operador y socio mayoritario de la concesión.

¿Cómo justifica la Municipalidad Metropolitana de Lima su decisión? Alega que el contrato afecta “el interés público” por varios motivos, como el alto costo de los peajes, un servicio deficiente y las modificaciones a los contratos.

De acuerdo con Rutas de Lima, todos estos argumentos ya han sido evaluados y desestimados por tribunales arbitrales internacionales que han emitido dos laudos arbitrales dándole la razón al concesionario. Habrá que ver a favor de quién se inclinan “las instancias nacionales y supranacionales competentes” a las que ha anunciado que acudirá el concesionario, pero, por lo menos, la comuna deberá pagar millonarias compensaciones y resarcimientos a la empresa, incluyendo alrededor de S/1.500 millones por endeudamiento garantizado permitido.

La decisión, además, genera una total incertidumbre sobre qué pasará con la concesión Vías Nuevas de Lima, que incluye tramos ya terminados de la Panamericana Norte y la Panamericana Sur y que preveía mejorar la Ramiro Prialé una vez que se cumpla el plazo de 180 días establecido por el contrato para que entre en efecto esta cancelación.

Otras autoridades regionales y locales podrían seguir el ejemplo y revocar contratos a diestra y siniestra para satisfacer demandas de sus votantes. A nadie le gusta pagar peajes, pero cancelar unilateralmente contratos hará menos probable que los inversionistas confíen en el Estado Peruano y arriesguen su capital en asociaciones público-privadas para reducir la brecha de infraestructura.

Sería importante que quienes rechazaban las amenazas contra la inversión privada del gobierno del expresidente Pedro Castillo ahora condenen esta decisión. Y también que quienes critican –con razón– a los que proponen cambiar el capítulo económico de la Constitución rechacen el accionar de López Aliaga, que muestra que el populismo y el poco respeto a las reglas de juego no son propiedad exclusiva de un lado del espectro ideológico.