Pobreza, inversiones y dos gobiernos de Perú Libre

Desde el 2019 hasta el 2023, la pobreza monetaria se incrementó en nueve puntos porcentuales y la extrema casi se duplicó. Más de 3′000.000 de peruanos cayeron bajo la línea de pobreza desde antes de la pandemia hasta ahora.

Más todavía, si miramos las cifras durante los dos gobiernos de Perú Libre se observa que la pobreza se ha incrementado desde el 25,9% en el 2021 hasta el 29% en el 2023, período en el que la canasta básica pasó de S/378 a S/446.

Es cierto que la pobreza es multicausal, y que hay factores que no dependen de nuestros políticos. Por ejemplo, la guerra entre Rusia y Ucrania disparó el precio de ‘commodities’ como el trigo, llevando a que el índice de precios de los cereales de la FAO aumente en un 17,1% en marzo del 2022 (USDA Foreign Agricultural Service).

Luego, en los últimos años, la inflación también se vio impactada por la crisis de los contenedores que aumentó en más de cuatro veces el precio de los fletes desde Asia (‘FreightWaves’), un fenómeno que recién se normalizó en el 2023, y así.

Sin embargo, la responsabilidad de los dos gobernantes que nos ha traído Perú Libre en el incremento de la pobreza es indiscutible, en particular ahuyentando inversiones privadas y afectando la creación de empleos, la principal manera que existe para combatir la pobreza (solo el año pasado la inversión privada decreció 7,3%).

Acá algunos ejemplos del día a día del actual gobierno que impactan en el clima de los negocios de todos los tamaños con decisiones o ausencia de decisiones.

Primero, en el 2022, durante el gobierno de Pedro Castillo, se publicaron normas laborales en materia de negociación colectiva y tercerización (La Agenda Maraví). Un marco que impone sobrecostos y barreras a los empleadores, y que fue declarado ilegal por el Indecopi. Pese a ello, el Ministerio de Trabajo continúa defendiéndolo en la vía judicial (y sigue vigente).

Segundo, mientras aprobaba un tercer rescate para Petro-Perú, el Gobierno le otorgó la administración de tres lotes petroleros altamente cotizados a esta empresa (I, VI y Z69), que meses después ha tenido que abrir a licitación. Además, estructuró el contrato del lote X para que esta empresa tenga una coparticipación del 40%, lo que desconcierta y afecta el interés de los privados en invertir.

Tercero, a pesar de que el problema de acceso a medicamentos genéricos es del sistema público de salud y no de las farmacias privadas, frente a una crisis mediática vinculada con estos el ministro de Salud les sopló la pluma a los privados declarando que “lo que se viene les va a doler a las farmacias”.

Cuarto, el Gobierno viene mostrando una incapacidad pasmosa en resolver el problema de la inseguridad que afecta a la inversión privada de todos los tamaños. Más allá de los conocidos ataques a la minera Poderosa, en Pataz, de acuerdo a la Asociación de Bodegueros del Perú, en el 2023 se triplicó el número de extorsiones a bodegueros –alcanzando las 13.000– respecto del 2021.

Quinto, a meses de la inauguración del megapuerto de Chancay, la Procuraduría del Ministerio de Transportes ha solicitado dejar sin efecto la exclusividad de la explotación de los servicios exclusivos de infraestructura portuaria otorgada a Cosco Shipping. El consorcio ha remitido una carta al MEF para iniciar tratativas previas al arbitraje que, tras más de 20 días, el Gobierno aún no responde.

En resumen, el segundo gobierno de Perú Libre, pese a no establecer disposiciones que repriman directamente la iniciativa privada, como el primero, no ha dejado de ahuyentar las inversiones. Si no cambia de rumbo, la pobreza no se reducirá al ritmo deseado.