El peor de los monopolios, por Roberto Abusada Salah

En los 15 años transcurridos de este siglo el Perú ha cimentado el camino hacia la gran transformación al disminuir la proporción de su población en estado de pobreza desde el 60% hasta el 23%. El motor de tan prometedor cambio ha sido el crecimiento de la economía. En ese período el Perú creció a una tasa promedio de 5,3% por año gracias al cambio de su régimen económico a través de la construcción de tres pilares fundamentales: la estabilidad macroeconómica, la integración de su economía al mundo, y el retiro del Estado de la producción de bienes y servicios.

Sin embargo, en los últimos cuatro años hemos sido testigos de los nostálgicos intentos de la izquierda conservadora por reanimar al antiguo y fracasado régimen económico. Así, Petro-Perú es la empresa emblemática en los intentos de reinstaurar el rol empresarial del Estado. Estos intentos han tenido en algunos casos expresiones fallidas, como adquirir de manos privadas la refinería de La Pampilla. Otros casos han tenido éxito, como aquel de comprometer una enorme cantidad de recursos públicos en la construcción de una inútil refinería en Talara. Finalmente, está la reciente ley del Congreso que pretende regresar a Petro-Perú a las tareas de explotación. Comprobamos así que las malas ideas pocas veces se extinguen por completo. No importó al Parlamento que la petrolera estatal haya estado ausente por tres décadas de las actividades de exploración y explotación, y que no cuente con los recursos económicos ni humanos para emprender tal tarea.

Más allá de consideraciones económicas o políticas, es difícil considerar que Petro-Perú sea una empresa estatal propiamente dicha. A lo largo del tiempo y en medio de un accionar poco transparente, esta organización estatal se ha dado maña para desprenderse del control del propio Estado al haber sido excluida del ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) y posee además su propio reglamento de contrataciones, el cual escapa a los entes supervisores de las contrataciones del Estado.

Todo esto permite a esta organización comportarse incluso en contra de los intereses del propio Estado y de los consumidores. El ejemplo más flagrante de este comportamiento se expresa en su política de precios de combustibles que se supone debe seguir las pautas del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), el cual publica los precios de referencia para cada tipo de combustible. En el caso de las gasolinas, la empresa estatal vende en planta estos productos a un precio que en promedio es 29% superior al publicado en la referencia del Osinergmin. Este precio luego de agregársele los cargos del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), el Impuesto al Rodaje, el Impuesto General a las Ventas (IGV) y el margen promedio de los grifos (que también incluyen IGV) resultan en un precio al consumidor que en promedio es 19,3% superior al que se daría en competencia , provocando enorme perjuicio al consumidor estimado en 1.000 millones de soles por año. Es más, al comportarse así Petro-Perú ofrece indirectamente un subsidio a su “competidor” Repsol, que naturalmente sigue la política de precios que marca la empresa estatal.

Se supone que tratándose de una empresa pública el Estado debería tener decisión sobre tal política de precios sin afectar, claro está, la utilidad a la que tendría derecho cualquier empresa normal bajo competencia . Sin embargo la empresa se comporta como el peor de los monopolios. Este despropósito que el Estado permite equivale a un impuesto al consumo justo cuando la economía se está desacelerando.

Hay más, dado el peso de los combustibles en el cálculo del nivel general de precios, la inexistencia de precios competitivos de combustibles han contribuido al 4% de inflación de los últimos 12 meses. Precios competitivos habrían resultado en una inflación de 3,7%, aminorando así las expectativas de inflación futura y, por tanto, evitando que el Banco Central de Reserva (BCR) sea más restrictivo en su política monetaria. 

Con la última ley aprobada respecto del lote 192, veremos pronto a Petro-Perú abocada no a implantar un gobierno corporativo idóneo o maximizar el valor de la empresa y tratar de colocar parte de esta en la bolsa. Todo lo contrario, seguirá con su opaco comportamiento esta vez rearmando con numerosas nuevas contrataciones su brazo de exploración y explotación, e involucrándose en actividades de alto riesgo con dinero de toda la nación.